Edificio donde vive la okupa
Una coruñesa tarda cinco años en llevar a juicio a la okupa de su casa: «Es una pesadilla»
La afectada denunció a su inquiokupa por coacciones después de que esta pidiese 10.000 euros por abandonar el inmueble situado en La Coruña
La situación que muchos pequeños propietarios sufren al dejar de recibir el pago del alquiler por parte de sus propietarios no tiene fácil solución. Ejemplo de ello es un caso ocurrido en La Coruña, donde su propietaria ha tardado cinco años que conseguir que su inquiokupa tenga que dar explicaciones ante un juez. Lo hará, además, por partida doble.
«Estoy cansada de luchar contra un sistema que desprotege al propietario y protege a delincuentes que no quieren trabajar», se queja en conversación con El Debate. Su inquilina tendrá que acudir al juzgado dos días seguidos.
La primera será el 19 de marzo, cuando se celebrará un juicio que determinará la posibilidad de desahucio de la inquiokupa que lleva viviendo 5 años en su piso de La Coruña. Anteriormente, ya se dictó el alzamiento del desahucio pero las autoridades consideraron que se encontraba en situación de vulnerabilidad y lo paralizaron.
La segunda será al día siguiente. El motivo es una denuncia por coacciones interpuesta por la propietaria. Todo empezó cuando, a través de una empresa de desokupación, la denunciada intentó pedir 10.000 euros para desalojar la casa. Lo hacía, según pudo saber El Debate, para pagar la fianza de otro piso.
La «coacción» fue rechazada por la denunciante, que se negaba a pagar por recuperar algo que le pertenecía. Por ese motivo, el día 20 tendrá lugar la declaración de la denunciante y la aportación de pruebas sobre lo ocurrido.
«Llevo mucho luchando contra esta injusticia», se queja Pilar, a la que aún le queda algo de esperanza en este proceso «devastador».
«La que paga esta situación soy yo», añade asegurando que «todo tiene un límite» y el suyo lo cruzó hace mucho tiempo. La propietaria recuerda que su inquiokupa está en su piso «pagando 0 euros» puesto que ella tiene que pagar todos los impuestos y los suministros.
De hecho, ante el impago del agua, fue la propietaria la que tuvo que asumir el coste a través del embargo de su pensión. Aunque ha tenido muchos momentos de desesperación, Pilar ve una nueva posibilidad ante la apertura de los procesos judiciales. «Seguiré luchando por lo que es mío», resume.
