Investigan dos expedientes en Córdoba por presunto fraude de escolarización
Ambos en un centro educativo privado concertado de la capital
El fraude en el proceso de escolarización en la provincia de Córdoba, por parte de familias que falsean datos sobre su domicilio, trabajo o incluso su estado civil, con el fin de lograr plaza para sus hijos en los centros educativos de su elección, es casi inexistente, pudiendo calificarse como una «situación prácticamente anecdótica», pues en este curso 2023/24 «sólo ha tenido que intervenir la Policía Nacional en dos expedientes, que corresponden a un centro de la capital», buscando con ello la Junta lograr «un proceso de escolarización puro».
Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, José Francisco Viso, quien ha precisado que la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha investigado dos presuntos casos de fraude en la escolarización en la provincia de Córdoba.
En concreto, el primero de ellos afectaba a cinco familias, y el segundo solo a una, y se da la circunstancia de que ambos se han producido en un centro educativo privado concertado de la capital cordobesa.
Casos aislados
A este respecto, Viso ha afirmado que las investigaciones policiales «son necesarias», porque se trata de «un proceso muy garantista, probablemente el más garantista que tengamos en el sistema educativo, para, precisamente, favorecer la escolarización y dar respuesta a los derechos de las familias. Por lo tanto, es necesario que se investigue en todas las situaciones».
En Córdoba, según ha subrayado el delegado de Desarrollo Educativo, «tenemos la fortuna de que solo ha tenido que intervenir la Policía Nacional en dos expedientes, que corresponden a un centro de la capital y, por lo tanto, podemos casi decir que es una situación prácticamente anecdótica» la que se da.
Sin embargo, Viso ha advertido que «hay que respetar el proceso» y, por ello «somos conscientes de que la Policía tiene que hacer su trabajo, y la Inspección de Educación también desarrolla su labor». Con todo ello, «en definitiva, se pretende que sea un proceso de escolarización puro y que garantice el derecho de todas las familias a obtener el centro educativo que han solicitado».