Elvira Cuadra, apátrida nicaragüense: «La comunidad internacional ha subestimado al régimen de Ortega-Murillo»

Elvira Cuadra, socióloga e investigadora nicaragüense, es una figura clave en el análisis de los conflictos y la seguridad en Centroamérica. Directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica y refugiada en Costa Rica desde su exilio en 2018, forma parte de la lista de 94 intelectuales acusados de traición a la patria y declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo.

En entrevista con El Debate, la académica expone el drama de los exiliados nicaragüense y comparte su perspectiva sobre la persecución a la Iglesia, las implicaciones de la nueva reforma del Código Penal en Nicaragua y el apoyo cerrado de Ortega al chavismo.

Con una trayectoria que incluye roles como coordinadora de investigaciones en el Centro de Investigaciones de la Comunicación y directora ejecutiva en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), ambos clausurados por el Gobierno de Managua, Cuadra considera que la comunidad internacional «ha subestimado» a uno de los regímenes más oscuros de Centroamérica.

—¿Cuál ha sido su trayectoria profesional antes del exilio?

—Comencé mi trabajo como socióloga e investigadora en 1993, siempre vinculada con centros de investigación hasta 2018. He trabajado en líneas de investigación como análisis de conflicto, temas de seguridad, juventudes y cultura política.

Entre 2013 y 2016 fui directora del IEEPP, el único centro en Nicaragua que se dedicaba a hacer análisis de temas de seguridad. También estuve vinculada con el Centro de Investigaciones de la Comunicación, el primero que el gobierno mandó a allanar y clausurar por supuesto lavado de dinero.

En diciembre de 2018, vine a Costa Rica para unas reuniones y, a los dos días de estar aquí, el gobierno canceló la personería jurídica de los centros y clausuró uno de ellos. Desde entonces, no he podido regresar a Nicaragua.

—¿Cuál es tu estatus actual?

—Soy refugiada en Costa Rica. En 2023, como he seguido escribiendo y haciendo análisis, me incluyeron en una lista de 94 personas a las que nos quitaron la nacionalidad, nos confiscaron propiedades y nos anularon nuestros derechos ciudadanos de por vida. Esa lista se suma a otros 200 que habían estado presos y fueron desterrados. Ahora estamos en condición de apátridas.

—El reciente informe Nadie se va porque quiere, revela el drama de los exiliados nicaragüenses. ¿Cómo ha impactado el exilio en su vida y en la de su familia?

—Los efectos son multidimensionales. Jurídicamente, nos despojaron de la nacionalidad y no podemos gestionar documentos dentro de Nicaragua. Económicamente, nos quitaron propiedades y cuentas bancarias. Laboralmente, cerraron los centros de investigación con los que estaba vinculada.

De hecho, prácticamente los equipos técnicos de las dos instituciones en las que trabajaba tuvieron que salir del país porque el riesgo era sumamente alto. Familiarmente, nos ha dispersado. Mi papá tiene 96 años y hace seis años que no lo veo. Emocionalmente, ha sido muy duro, aunque afortunadamente no he tenido episodios de depresión, pero muchos exiliados sí han vivido momentos críticos.

—¿Qué tipos de amenazas o persecuciones enfrentó antes y después de dejar Nicaragua?

—En 2018, había vigilancia permanente frente a mi casa y en el centro donde trabajaba. Aquí en Costa Rica no he tenido mayores incidentes ni amenazas, aunque en internet sí, a través de las redes sociales.

—¿Cómo ha sido tu acogida en Costa Rica, sede de la CIDH?

—He tenido contacto con organismos de derechos humanos, tanto nicaragüenses como internacionales, pero el apoyo ha sido más en términos de dar testimonio y documentar el caso. El apoyo real ha venido de personas a título individual.

—¿Cuál es la situación actual de la represión contra los sacerdotes en Nicaragua?

—Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen una confrontación con la Iglesia Católica desde antes de 2018, cuando se iniciaron las protestas contra la pareja presidencial. En 2019, Ortega pidió la expulsión de monseñor Silvio Báez. En 2020, hubo un ataque a una imagen venerada en la catedral de Managua y desde 2022, una escalada en contra de la Iglesia, comenzando con la expulsión del nuncio y culminando con el secuestro del obispo Rolando Álvarez y varios sacerdotes.

—¿Qué papel han jugado los sacerdotes católicos en la resistencia contra el régimen de Ortega?

—Durante 2018 y 2019, los templos fueron espacios de refugio y los sacerdotes colaboraron activamente con los manifestantes, abriendo las iglesias para atender a los heridos y mediando con la policía. Esto no le gustó al gobierno, y después de acabar con las protestas, la Iglesia ha mantenido una posición clara en favor de la gente.

—¿Por qué se ha intensificado el tono contra los sacerdotes?

—Desde 2019, el régimen de Ortega ha intensificado su persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. La expulsión de monseñor Silvio Báez marcó el inicio de una serie de ataques. La situación se agravó en 2022 con la expulsión del nuncio, quien abogaba por la liberación de presos políticos, lo que exacerbó la confrontación entre el Vaticano y el régimen Ortega-Murillo.

La represión alcanzó su punto álgido con el sitio policial a la curia de Matagalpa y el secuestro del obispo Rolando Álvarez, junto a varios sacerdotes. El régimen ha desmantelado la red de colaboradores de Álvarez, ocupando templos y prohibiendo actos religiosos, como las procesiones en 2023.

—¿Cómo cree que afectará la reciente reforma del Código Penal, que permite enjuiciar a nicaragüenses y extranjeros fuera del país, a los exiliados y sus familias?

—La reforma busca transnacionalizar la persecución, utilizando diferentes recursos para perseguir más allá de las fronteras de Nicaragua. Los efectos para nosotros, los desnacionalizados y desterrados, están por verse, pero hay preocupación por los familiares que están dentro de Nicaragua. Esta reforma es parte de la institucionalización del estado policial que el régimen está construyendo desde finales de 2020.

—Dirigentes regionales de izquierda han criticado el proceso electoral en Venezuela. ¿Cómo analiza el apoyo de Ortega al régimen de Maduro en Venezuela?

—Es una continuidad de la alianza construida con Hugo Chávez, que se ha fortalecido en los últimos años en la medida en que ambos gobiernos han acentuado su deriva autoritaria, mantienen relaciones e intercambios políticos y económicos estrechos, además de su cercanía con Cuba y otros gobiernos autocráticos como Rusia y China.

En el caso de Ortega, la baja legitimidad que tiene entre la población y el descontento que ha alimentado lo acercan a regímenes que tienen situaciones similares y el más cercano es Venezuela, que no ha dudado en respaldarlo en foros internacionales como la OEA. Ahora juega el mismo papel de respaldo a Maduro en la situación creada tras los resultados electorales del pasado 28 de julio.

—¿Qué mensaje le gustaría enviar a la comunidad internacional sobre la situación en Nicaragua?

—La comunidad internacional ha subestimado al régimen de Ortega-Murillo. Se requiere que Nicaragua no pase a segundo plano en la agenda internacional, especialmente en temas de derechos humanos. Es necesario apoyo para los exiliados y sus familias, y más presión de países de buena voluntad, como hubo en los años 80, para un cambio en la situación política en Nicaragua.