Trump amenaza con sancionar a abogados que desafíen sus políticas migratorias

Donald Trump, ha anunciado nuevas medidas para castigar a abogados y equipos legales que presenten demandas contra las políticas migratorias implementadas por su administración. A través de un memorando firmado el pasado viernes y divulgado por la Casa Blanca este sábado, Trump acusó a los abogados de fomentar un «fraude desenfrenado» en el sistema migratorio, instando a sanciones contra aquellos que, a su juicio, incurran en prácticas profesionales indebidas.

El documento ordena al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional que adopten medidas punitivas contra los bufetes y profesionales que interpongan litigios que Trump considera «frívolos, irrazonables y vejatorios» contra el Gobierno de Estados Unidos. Además, insta a la fiscal general, Pam Bondi, a remitir a la Casa Blanca los nombres de estos abogados para que se les retiren ciertas credenciales y se anulen los contratos que puedan tener con el Gobierno federal.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que más ha cuestionado las decisiones de Trump en materia migratoria, condenó enérgicamente esta orden presidencial. Cecillia Wang, directora legal de la ACLU, advirtió que esta medida representa un intento de Trump por «desmantelar el Estado de derecho» y «silenciar» a los abogados que buscan exigir responsabilidades al Gobierno cuando se vulneran los derechos de los ciudadanos. «Es un ataque sin precedentes y alarmante contra los pilares de la libertad y la democracia», declaró Wang en un comunicado.

Actualmente, los tribunales federales están evaluando más de un centenar de demandas contra las políticas migratorias de Trump. Algunas de estas acciones legales ya han resultado en decisiones desfavorables para el presidente. Un juez, por ejemplo, bloqueó recientemente el intento de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales nacidos en Estados Unidos.

Desde su regreso a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Trump ha recurrido con frecuencia a órdenes ejecutivas para impulsar su agenda, consolidando el poder del Ejecutivo y desafiando abiertamente la independencia del poder judicial, que se ha convertido en uno de sus principales obstáculos.