Paseando por el déficit

Vamos a dar un paseo por el déficit público para comenzar a conocerlo. Aunque lo suyo sería bucear por él; especialmente por lo que he llamado «la creación».

La Creación.

Creo sinceramente que tenemos y manejamos coloquialmente una idea difusa sobre el déficit público. Se trata de la diferencia entre los ingresos y los gastos, cuando estos son mayores que aquellos, de las administraciones públicas, que se convierte en déficit privado, ya que es este sector el que lo paga y el que se ve forzado a hacerse cargo del mismo.

Los presupuestos generales del estado prevén, para este año en curso 2022, unos ingresos de 185.134 millones de euros. Dicho presupuesto tiene previstos unos gastos de 347.486 millones de euros. Sí, estos tíos gastan 149.673 millones de euros más de lo que ingresan.

Este año prevén gastar 149.673 millones de euros por encima de sus ingresos; un 75 por ciento de los ingresos de las cuentas del Estado, es déficit. El déficit operacional del estado casi, casi, es de la misma magnitud que sus ingresos. Después y como un menor gasto, no como mayores ingresos, contabilizan unas transferencias de subsectores, que dejan los gastos contables, en 291.550 millones. Es decir un déficit contable del 47 por ciento y el operacional del 75 por ciento. Eso en el caso de que los ingresos se cumplan.

En estos presupuestos, en esos gastos, no se incluye el pago de la deuda. Para el conjunto de las cuentas de las administraciones públicas hay que sumar el déficit de la Seguridad Social (que tampoco incluye el repago de los 100.000 millones de deuda) y los múltiples agujeros de comunidades autónomas, televisiones, ayuntamientos y otros decorativos organismos públicos. Derrochando esas ingentes cantidades de nuestro dinero en cuestiones arbitrarias, tenemos el típico panorama de un Estado, que no de un país, en quiebra. Lamentablemente, ocurre que cuando un Estado quiebra, arrastra consigo al país.

Concluida esta fase del presupuesto, su creación, el mal y el daño a la nación ya están hechos.

La medición.

Una vez que se ha diseñado el agujero anual, se busca una referencia con la que contrastar su dimensión. Algo así como localizar una unidad de medida específica. Y lo que hacen es comparar el saldo negativo de las cuentas públicas con el grueso de la actividad económica. O sea, que nos cuentan que «su» déficit será malo o menos malo en función de «nuestro» dinamismo y productividad como sector privado, o de lo que se empobrezca este, víctima de la inflación. Lo generan unos y lo miden con la actividad de otros, el PIB. ¡Ahora pon un emoticono adecuado!

Habida cuenta de que el valor de una moneda es la expresión monetaria del valor de una economía, tenía sentido que para que naciera el Euro se exigieran cumplir unos parámetros macro en relación al PIB. Porque el PIB de la eurozona y las dimensiones con relación a él de deuda pública, déficit, inflación y tipos de interés nominal, iban a definir el valor de esa divisa. Hoy en día no sólo se han relajado esas exigencias de ortodoxia, sino que tras la anterior crisis, las políticas de flexibilización cuantitativa y las ayudas poscovid, tal vez tenga sentido analizar y controlar la calidad del déficit, más que su magnitud punto arriba o abajo respecto del PIB, ya que lo que interesa es saber cómo se va a repagar la deuda que financia ese dislate de gasto. En esto, Europa está fallando en sus funciones de supervisión al tiempo que hace dejación de sus obligaciones de velar por el valor de su divisa.

La utilidad. ¿Qué estamos pagando con ese déficit?

Hoy sabemos que el déficit público es una herramienta más de las que dispone el Estado para dinamizar la economía; una entre varias pero con un uso muy concreto; las inversiones productivas.

En el supuesto de que nos encontrásemos con un Estado que tuviese siempre un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, sin déficit y sin superávit, su economía sería muy plana; registraría muy poco crecimiento al permanecer invariables casi todas las magnitudes macro. Un país para crecer y desarrollarse precisa de inversiones costosas, pero dotadas de una enorme capacidad de generar retornos elevados con los que pagar la inversión. Esas inversiones en infraestructuras, dotaciones, transportes, fuerzas armadas, investigación y otras, que modernizan y hacen productivo al país, son las que se deben acometer con la parte presupuestaria que genera déficit y financiadas con deuda pública, de tal modo que los rendimientos que se obtengan de dichas inversiones, sean capaces de pagar la deuda sin tener que detraer cantidades cada vez mayores de los bolsillos privados. Por ejemplo, se podría soportar con deuda pública a largo plazo las inversiones en centrales nucleares que, además de ser energía verde, rebaja enormemente el costo de la electricidad con lo que el país gana en competitividad, se reducen los costes de utilización de hospitales, escuelas, los ciudadanos iluminarían y calentarían sus hogares y generaríamos recursos suficientes al ser competitivos, para repagar esos mayores gastos públicos financiados con deuda. Invertir en crecimiento, para poder pagar la deuda con el dinero generado por dicho crecimiento económico.

En España, con este presupuesto actual, se genera un agujero cuyo importe se destina a gasto corriente; si es que se puede llamar corriente, en vez de absurdo, a las televisiones, los observatorios sobre la sexualidad, los dispendios nacionalistas o los ministerios de lo ridículo. Un déficit que sólo se puede cubrir con más déficit y con más deuda, que se paga con nueva deuda hasta el colapso. Es lo que se llama un déficit estructural; que proviene de tener una estructura administrativa irracional y caprichosa. Es decir, financiamos agujeros económicos que no producen nada; de ahí no van a salir recursos para auto pagarse. Saldrán de nuestros bolsillos.

Cuando un Estado no puede acometer gastos o servicios corrientes adicionales porque incurre en desequilibrio presupuestario, lo suyo, lo lógico, lo democrático y lo social es pasar dichas actividades al sector privado para su eficiente ejecución en beneficio de la ciudadanía.

Lo que hacen hoy en día es asegurar la ruina del mañana, pagar con deuda a nuestro cargo gastos caprichosos, impedir las inversiones productivas, penalizar el ahorro. O sea, llevar el país a una economía no productiva y comprometer la libertad y la democracia futura de los ciudadanos al tener que recurrir a la expropiación fiscal para pagar la fiesta; algo sencillamente inmoral.

• José Antonio García-Albi Gil de Biedma es empresario