A los policías y guardias civiles

Todas las encuestas serias, incluso las cocinadas por ese mayordomo llamado Tezanos, sitúan a la Guardia Civil y a la Policía Nacional entre las instituciones, junto a la Corona, más valoradas por los ciudadanos.

El dato suele aparecer tapado en el nuevo CIS, el Centro de Intoxicaciones Sanchistas, bajo otros ridículamente artificiales que sitúan a Yolanda Díaz, como antes a Alberto Garzón y antes del barbitas de Consumo consumido a Ada Colau o acémila similar, como el político más valorado en España.

Ambos Cuerpos de Seguridad se dedican a cuidarnos mientras dormimos, con unos sueldos ridículos que triplica cualquier becario del ayudante del asesor del político más valorado de España de turno y, como en el caso también del Ejército, son ínfimos al lado del de ertzaintzas, mossos y cualquier policía local de España cuya misión más arriesgada, en el día laborable entre cuatro festivos, es bajar a un gatito de un arbolito.

A todos ellos les ha ido ninguneando el Gobierno con crueldad, con sonados episodios de indiferencia ante sus problemas: intentó aprobar un engendro de ley que les hubiera obligado a devolver a un pederasta al parque de origen en el caso de que, tras la detención y traslado a Comisaría o cuartelillo, no tuvieran amparo judicial para mantener el cautiverio.

Les ha olvidado clamorosamente en el recuerdo de las víctimas del terrorismo, que son un incordio para travestir al secuestrador Otegi en una especie de sagaz politólogo pacífico, concienciado con el cambio climático y el futuro de los pingüinos y más cercano a la cretina vegana de Greta Thunberg que a Txapote, su primo hermano sentimental.

Ése es el contexto en el que policías y guardias civiles trabajan para defendernos de la chusma nativa o de la importada, de los delitos de alcurnia y de los barriales, de las bandas organizadas y de los quinquis de toda la vida, del terrorismo yihadista y de los guantes blancos, de las bandas latinas y de los chorizos autóctonos, de los violadores y de los delitos informáticos.

Y lo hacen con la sensación de que si no reconocen en tiempo real la dimensión de la amenaza y su respuesta no es proporcional, según los parámetros de una legislación estúpida que protege antes al okupa que al inquilino, pueden acabar en la cárcel o con una suspensión de empleo y sueldo indefinida.

Pues bien, Pedro Sánchez decidió el mes de agosto pasado, cuando estaba en funciones y acababa de perder con estruendo por mucho que la Selección Nacional de Opinión Sincronizada le presentara como a Adenauer, conceder a dedo 43 millones de euros a Pere Aragonés para que se los gastara en mejorar la vida de los Mossos, ésos a los que uno de los indultados del procés quería convertir en su infantería antiespañola.

Lo reveló El Debate, como tantas otras cosas que señalan el destino del dinero obtenido tras implantar una de las subidas fiscales más insoportables del mundo: a rescatar aerolíneas venezolanas con menos aviones que un aeropuerto en Lepe, a dar ayudas a Marruecos a cambio tal vez de que no revelen las conversaciones interceptadas a Sánchez o a privilegiar económicamente al País Vasco, a Navarra o a Cataluña para que le apoyen con la riñonera bien pertrechada.

Pero esto de anteponer a los Mossos sobre la Policía Nacional, la Guardia Civil o las Fuerzas Armadas supera, en términos simbólicos, todos los límites: es como verlos intentar evitar un atraco y, desde el Gobierno, salir en auxilio del ladrón. Porque Sánchez siempre sale a salvar el Titanic cuando se hunde, claro, pero por sistema acaba rescatando al iceberg.