El lawfare
El único «lawfare» que existe en España lo encarna Sánchez y ya es un peligro terminal para la democracia
El lawfare es la excusa que delincuentes y antisistema de toda laya se buscan, con un anglicismo edulcorante, para convertir todos sus abusos en una represalia de la supuesta cloaca política y judicial que, en contubernio ilegal, actúa contra sus intereses legítimos.
Y es uno de los puntos del acuerdo del PSOE con Junts negociado en Bélgica que convierte un poco a Sánchez en el Pétain títere de Vichy, rendido ante Puigdemont y dispuesto a hacer que gobierna con París tomado por las tropas alemanas.
Que no aparezca expresamente citado en la proposición de Ley de Amnistía, como arguyen los papagayos de Sánchez para ayudarle a perfumar el vertedero con colonia barata, solo es una cuestión técnica: no se puede incluir un pucherazo político, terrible para la separación de poderes y más propio de una satrapía caribeña que de una democracia occidental, en una normativa con rango futuro de Ley Orgánica sin dar más munición a quien, en el Tribunal Supremo, el Constitucional o el Europeo, acaben enmendando o anulando la rendición incondicional que supone ante Puigdemont.
Pero ahí ha estado el PSOE raudo a atender lo que a la vez niega en público y pone por escrito, aceptando la creación de dos Comisiones de Investigación en el Congreso que demuestran la aceptación del concepto de lawfare y, además, amenazan a la Seguridad Nacional: la delirante asunción de que en los atentados yihadistas en Las Ramblas y Cambrils tuvo algo que ver el CNI y la transformación del inevitable seguimiento a golpistas por parte de la Inteligencia española en una suerte de coacción represiva del Estado opresor.
Que Sánchez acepte enmendar caciquilmente la plana a la Justicia española no es nuevo, y tenemos como triste precedente los obscenos indultos concedidos a favor del procés y en contra del Supremo; pero que además se presente ya como víctima de esa Justicia y asuma el relato golpista sí supone un paso sin retorno en su escalada contra la propia democracia.
Porque a la vez que suscribe la teoría de una conspiración de togas ultraderechistas contra su Gobierno progresista y pacificador, con un discurso mimético al de Podemos con respecto a los jueces y la infame ley del 'solo sí es sí', justifica el asalto a la Justicia independiente más abrumador que se haya visto nunca en Occidente, superior al que en Hungría o Polonia mereció una respuesta oficial del Consejo de Europa y en Israel de la ciudadanía.
Porque Sánchez es el «lawfare» en persona, y lo es desde el primer momento: colonizó la Abogacía del Estado para engrasar el camino a los indultos; intentó cambiar las mayorías parlamentarias para renovar el Poder Judicial con una ley exprés típica de una república bananera; aprobó otra normativa para paralizar el funcionamiento del Consejo General hasta que no se rindiera; nombró a tres Tezanos (Pumpido, Delgado y Ortiz) para que hicieran en el Constitucional y la Fiscalía General del Estado lo mismo que su conmilitón en el CIS y se ha pasado por el arco del triunfo las críticas casi unánimes de jueces, magistrados, fiscales, notarios y abogados de toda España y las advertencias de Europa al respecto de su inaceptable invasión de la Justicia.
Sánchez ha logrado el Poder Ejecutivo pagándose el puesto con los ahorros constitucionales de España. Ha transformado el Legislativo en una subasta infame al mejor postor que a cambio le diera su respaldo, permitiendo que el cuerpo legal nacional se convierta en una suerte de alfombra raída y cosida a retales ideológicos de cada facción de su coalición frentista.
Y ahora intenta culminar su asalto al Poder Judicial, para integrar bajo un mando único los tres pilares de la democracia y, a continuación, ponerlos al servicio de los excesos de sus secuestradores y de su continuidad en el poder.
Claro que hay lawfare en España: lo encarna Sánchez, una termita democrática cuya falta de escrúpulos compensa su ausencia de fuerzas, y si los poderes maltrechos que aún sobreviven no reaccionan sin ambages y concitan el respaldo social que la ocasión reclama, todos perderemos esta guerra híbrida tan extravagante en la que un presidente peligroso necesita una victoria contra el Estado de derecho para terminar de rendirse ante sus enemigos.