Begoña no es Iñaki

El «caso Begoña Gómez» transita entre oscuridades y aspavientos. Miembros del Gobierno insisten en que no debe implicarse a familiares de políticos; los suyos, claro. Incluso parece que se han inventado una especie de estatuto de primera dama, olvidando que en una Monarquía la primera dama es la reina, como lo sería la mujer del presidente en una República. La esposa del presidente del Gobierno no tiene estatuto. Su vida institucional, política o financiera no escapa a la observación y al juicio público. Y debería estar enmarcada en lo ético y también en lo estético.

Las esposas de anteriores presidentes de Gobiernos no intervinieron ni interfirieron en temas institucionales ni por su actividad pública ni por sus trabajos privados. Una fue diputada y luego eurodiputada, y otra fue alcaldesa cuando su marido ya no era presidente, y todas siguieron con sus menesteres anteriores a la etapa presidencial de sus parejas. Lo que no es presentable, y habrá que ver si es legal, es mantener una situación de «conseguidora de fondos», anunciarse como tal, escribir cartas recomendando a empresas, mantener reuniones y viajes de trabajo aprovechando el falcon y la agenda oficial de Sánchez y, como consecuencia de sus gestiones, que el Estado contrate a sus patrocinados por decisión última de su marido. Nada que ver con el novio de una política en ejercicio que cuando no existía la relación tuvo problemas con la Agencia Tributaria.

La UTE Barrabés y The Valley, patrocinada por la mujer de Sánchez con cartas de recomendación firmadas por ella, logró tres contratos de 10 millones de euros, a pesar de presentar las peores ofertas en precios respecto a sus competidores. Se decidió en Consejo de ministros el 5 de mayo de 2020, presidido por Sánchez que no se inhibió. Barrabés, además, vendió al Ministerio del Interior los uniformes de montaña de la Guardia Civil también avalado por Begoña Gómez, y la contactó con Air Europa en 2019.

La compañía aérea reconoce sus reuniones con Begoña Gómez antes de ser rescatada por el Gobierno con 475 millones de euros –y otros 140 millones del ICO–. El rescate fue aprobado en Consejo de ministros de 3 de noviembre de 2020 con el voto de Sánchez que tampoco se inhibió. Air Europa asegura que el dinero que consiguió por la mediación de la esposa de Sánchez «supuso el 90 por ciento de la facturación en el ejercicio anterior a 2020».

Hasta aquí el tema actual que me lleva a recordar el viejo «caso Iñaki Urdangarin». Un tráfico de influencias alrededor del Instituto Nóos, fundado por el entonces marido de la Infanta Cristina, yerno del Rey Juan Carlos. El escándalo fue mayúsculo. El Instituto lo llevaba un tal Diego Torres pero es obvio que el mascarón de proa y abrepuertas era Urdangarin como lo era Begoña Gómez en el caso de las influencias monclovitas. La instrucción cayó en manos de un juez, José Castro, al que le encantaba pasar a la pequeña historia como el que procesó a miembros de la Familia Real. La Infanta no fue condenada, pero a Iñaki Urdangarin le cayeron cinco años y diez meses. El juez, ya jubilado, al que se le veía venir, fue candidato de Sumar en las últimas elecciones generales. Los jueces tienen su corazoncito y sus preferencias políticas.

Hay que decir que Iñaki Urdangarin era conocido y reconocido como balonmanista, con buenos fichajes, antes de su matrimonio, pero Begoña Gómez, según los medios, antes de casarse con Sánchez había llevado las cuentas de la sauna de su padre. A Urdangarin le investigaron la Fiscalía y los jueces hasta que se aclararon sus números. Cuando Urdangarin o su socio se presentaban a posibles clientes, muchos de ellos instituciones oficiales, ya se conocía quiénes eran y la gestión se convertía en un claro tráfico de influencias.

En el «caso Begoña Gómez» es evidente el tráfico de influencias cuando se tiene tan cerca la decisión sobre los deseos: el éxito como «conseguidora de fondos». Por aquello de la mujer del César deben conocerse las cuentas de Begoña Gómez, su declaración de la renta, sus propiedades. Negar la evidencia no sirve de nada. Y la investigación debería partir de la Fiscalía. Pero la Fiscalía ya sabemos de quién es. Si no se dan pasos para aclarar la situación, si Sánchez sigue huido encadenando viajes por esos mundos o descendiendo, para distraer de otros temas, a añejas tumbas por muy entrañables que sean, el «caso Begoña Gómez» no se cerrará o se cerrará en falso. Está claro que Begoña no es Iñaki. El trato es bien distinto: una la adulación y otro la cárcel.