España, a precio de saldo

Todo tiene un precio. Y estamos empezando a pagarlo. A medio Gobierno o al Gobierno entero no le gustan las empresas. No entran en matices, porque para eso hay que haber estudiado. Es su ideología y punto: empresario malo, sindicato bueno, que era lo que les contaban sus abuelos. Es la doctrina que llevan difundiendo por todos los canales a los que tienen acceso –y son muchos– desde que Pablo Iglesias cogió un megáfono hasta hoy, por mucho lazo o corbata con las que se adornen para disimular. Y, con ese mantra por bandera, cuando no criminalizan al empresario, le suben los impuestos, dictan normativas absurdas de la noche a la mañana que acaban con las certidumbres y rompen con la seguridad jurídica y ahuyentan la inversión. Simplista, demagogo y dañino. Pero es lo que padecemos.

Las consecuencias no se han hecho esperar. A principios de siglo, muchas de nuestras multinacionales eran líderes mundiales en sus campos de actividad: desde las telecomunicaciones a la banca, pasando por la energía, la ingeniería y la construcción o los seguros. En muchos de los mercados de Sudamérica, eran las primeras, por delante, incluso, de los Estados Unidos. Gozábamos de una posición privilegiada para hablar de tú a tú a marcas de primer nivel con potencia en el norte de África. Todo o casi todo se ha perdido.

Hoy, esas multinacionales han perdido brillo y valor. Y no sólo lo padecen sus accionistas, también demonizados por las élites políticas patrias, sino también sus empleados y el sinfín de pequeñas y medianas empresas que han crecido y han abierto nuevos mercados gracias a la iniciativa de las que cotizan en el Ibex. Si, cuando saltaron a otros continentes, la inversión en España era una cartera propia y con peso dentro de su balance hoy no pasa de ser un capítulo en el portfolio de Europa. Y lo peor es que su precio en bolsa se ha convertido en una ganga. Están a tiro de OPA. Ya hemos empezado a comprobarlo.

Telefónica, Naturgy, las otrora joyas de la corona empresarial española, empresas estratégicas, corren el riesgo de acabar en manos extranjeras con intereses que pueden ser muy lícitos, pero no necesariamente estar alineados con los del Estado. Y, ahora, nos llevamos las manos a la cabeza y hay que salir corriendo para salvarlas. Ahora, parece que al Gobierno le viene bien que Rajoy rescatara a Bankia, convertida en CaixaBank, que se ha convertido en su brazo inversor y salvavidas de la españolidad. Lo malo es que esa injerencia del poder en el sector público también la acabaremos pagando. Como mínimo, en costes más elevados.