Señalamientos peligrosos

De los más de 200.000 litigios que Hacienda mantiene cada año con particulares y empresas, nunca uno había dado para tanto. Hay que reconocer el mérito a quien ha logrado organizar esta monumental bronca por unas supuestas facturas falsas de 350.000 euros. Es peccata minuta si lo comparamos con los 35 millones de euros que presuntamente han cobrado de la Administración –fraude fiscal incluido– la banda organizada en el Ministerio de Transportes. Y este fraude todavía se queda pequeño ante los cientos de millones que recibió de la SEPI y el ICO Air Europa tras patrocinar un curso a la mujer del presidente. Pero, durante una larga semana, la noticia no es otra que la vida económica y afectiva de un particular investigado por la Fiscalía. Alberto González ha tenido la suerte o la desgracia de ser compañero sentimental de la enemiga declarada de Pedro Sánchez: Isabel Díaz Ayuso. Y por eso desde la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda se filtran datos, el director de la web al que Cristina Cifuentes declaraba públicamente todo su cariño cuando despejaba las dudas sobre su patrimonio familiar los lanza a los cuatro vientos y los portavoces del PSOE usan su potencia institucional para atacar a su pareja en el Congreso o en la sala de prensa de la Presidencia del Gobierno.

Cuanto más alto gritan, más ponen en evidencia su extrema fragilidad.

Enfrentan la legitimidad del Congreso, al que entienden como depositario de la soberanía nacional y por tanto poderes ilimitados, como manda el ideario de los separatistas, a un Senado al que menosprecian definiéndolo como mera cámara de representación de los territorios. Así de claro lo ha explicado la nada sutil vicepresidenta Montero. Han condenado al Tribunal Supremo a la inoperancia, con más de la mitad de sus presidencias vacantes. Han deteriorado hasta límites insospechados, usándolos a beneficio de parte, la confianza de los ciudadanos en la Fiscalía General del Estado, el INE o el CIS. Con sus leyes, han retorcido la Carta Magna, que se disponen a modificar por la puerta de atrás en un Tribunal Constitucional que su presidente pretende reconvertir en tribunal de casación. Faltan al respeto cada vez que tienen ocasión de hacerlo a la Corona. Y, ahora, amenazan expresamente desde la bancada del Parlamento a la oposición. ¡¿Qué nos quedará por ver?!

No hay límite alguno para este Gobierno en su empeño de mantener el poder. Es lo que hace sus señalamientos tan creíbles como peligrosos. Necesita destruir al adversario porque, como ha demostrado el resultado de las últimas elecciones en Galicia, no logra vencerlo. Todo apunta a que, si ha llegado a este extremo, es porque se siente acorralado. Sin presupuestos y sin garantías de aprobarlos en 2025, está en manos de los separatistas. La legislatura puede resolverse en cuestión de meses. No parece que Pedro Sánchez pudiera tener opciones de revalidar el título en una temprana cita con las urnas. Nadie puede negarle la osadía para lanzar el órdago, pero tampoco le faltan arrestos para morir matando.