«Una jugarreta», alega el gran Borja

Una de las novedades de la España actual es que el sentido de responsabilidad personal se ha evaporado. Aquí ya nadie tiene culpa de nada. Siempre se invoca algún factor exterior al que achacar nuestros fallos personales: la opresión «de género», los «problemas de salud mental», la excesiva exigencia, un entorno familiar inadecuado… Cualquier cosa menos reconocer que has actuado mal, que la has cagado con todo el equipo, que diríamos en el bar.

Ejemplo mayúsculo fue la tragedia ferroviaria de Santiago en julio de 2013, con ochenta muertos. El maquinista entró a 191 km/h en una curva de máximo a 80 km/h. Iba a más del doble de la velocidad permitida y, además, charlando por el móvil. Pero enseguida surgió una corriente social, política y mediática en defensa del pobre maquinista criminalizado. Y sin duda sería una bellísima persona, no lo dudamos, pero aquel día cometió un error merecedor de un severo castigo.

PP y Vox han votado en el Congreso a favor de una reforma legal que rebaja las penas a 40 etarras. Para entender la magnitud del error basta señalar que entre los beneficiados figuran Txapote, un psicópata que asesinó a 13 personas, entre ellas Miguel Ángel Blanco; o Anboto, que durante muchos años fue la terrorista más buscada. Ahora podrían estar de paseo en un par de años, él con 60 años y ella con 65, con unos buenos lustros por delante para disfrutar de la vida, recibir homenajes e irse de vinos, mientras las familias seguirán llorando a los que ellos mataron y ordenaron matar.

En 2014, obligado por una directriz europea, el Gobierno de Rajoy reformó una ley orgánica para que los delincuentes no cumpliesen penas por un mismo delito en más de un país. Pero para evitar que resultasen beneficiados 69 sicarios etarras se introdujo una sucinta salvaguarda, estableciendo que el cambio no afectaría a crímenes cometidos antes de 2010.

Ahora el repugnante partido comunista de Yolanda Díaz y Ernesto Urtasun, el mismo que apoya a la dictadura venezolana, ha introducido una moción que anula aquella excepción y que beneficiará decenas de asesinos. Por supuesto: al no menos repulsivo PSOE de Bolaños y Sánchez, siempre dispuesto a pisotear la memoria de las víctimas –incluidos los muertos socialistas–, le ha faltado tiempo para secundar la iniciativa, pues hay que hacer feliz al partido de ETA, socio preferente de la Moncloa. En medio de todo este cambalache, resulta que los diputados de PP y Vox responsables de seguir el asunto no se enteraron de nada. Estaban en la berza y sus partidos acabaron votando a favor de la reforma, sin percatarse de la aberración que suponía la enmienda de Sumar.

El inefable Borja Sémper alega que son víctimas de «una jugarreta», «una trampa» del Gobierno. Vox habla de un «uso diabólico» de las leyes por parte del sanchismo. PP y Vox han pedido disculpas rápidamente y anuncian que intentarán frenar la reforma. Pretextan además que habría salido adelante con o sin sus votos, pues contaba con el apoyo de socialistas, comunistas y separatistas, la coalición radical que manda en España. Y es cierto que el voto de PP y Vox no era decisivo.

Los portavoces de Vox dicen ahora que se sienten «asqueados» ante lo sucedido y lo consideran «devastador». Ayuso, que como siempre habla con una claridad que en Génova escasea, lo califica de «error gravísimo» . Y todos estos lamentos están muy bien. Pero no bastan. Si alguien no hace bien su trabajo en asuntos relevantes no sirve, debe ser relevado, o al menos amonestado por su serio error.

Los diputados de la oposición no están ahí solo para apretar el botón de votar como leales ovejas del partido y cobrar sus nóminas y dietas. Están ahí para estudiar a fondo las propuestas legislativas que llegan al Congreso (amén de presentar proyectos y evaluar al Gobierno y censurarlo si procede). Votar a favor de aguinaldos penales para unos asesinos bárbaros es un disparate y una gruesa ofensa a las víctimas, que deben estar flipando con la gloriosa oposición que tenemos.

No basta con escudarse en la –indudable– marrullería y desarreglo moral del sanchismo. Los responsables parlamentarios a los que la izquierda y el separatismo han metido este gol deben responder por su error, como hizo anoche Emilio del Valle, diputado de Vox, poniendo su cargo «a disposición» (aunque no le han aceptado la dimisión). Es lo que toca por lealtad a las víctimas y a sus votantes, muchos de los cuales imagino que estarán pensando lo mismo que me viene a mí a la cabeza: tenemos una oposición manifiestamente mejorable. Por decirlo de manera amable (pues también habrá quien señale, y no sin algo de razón, que es más mala que un bocata de achicoria).