Una etapa más en la vía venezolana

El Gobierno ha anunciado una intromisión más en el poder judicial dirigida a la protección de sus imputados, familiares y amigos. Otro paso en la vía venezolana hacia el despotismo. Este proceso fue comenzado por Zapatero y heredado con entusiasmo por Sánchez. La democracia es solo el medio; el despotismo, el fin.

La vía comunista hacia el poder es, desde Marx y Engels, la revolución, la toma violenta del poder. Y así ha sido en general. Por ejemplo, y entre otros muchos, en Cuba. Muy pronto, aun en vida de Engels, algunos marxistas optaron por la vía pacífica y parlamentaria para alcanzar el poder en lugar de la fuerza. Se les llamó socialdemócratas. En general, aceptaron la democracia e incluso algunos no rechazaron la posibilidad de que los comunistas pudieran perder el poder una vez que lo habían obtenido. La vía venezolana (para entendernos; tampoco se trata de que Venezuela tenga la patente) consiste en utilizar la democracia hasta conducirla al despotismo. La democracia no se destruye de un golpe; se desmonta paso a paso. Es el modelo mecano en lugar del castillo de naipes. Lo ideal es que los ciudadanos no se den cuenta y un día descubran que ya nada queda de la democracia. No es difícil saber cuál es el momento español en este proceso. El poder judicial es prioritario. El Gobierno no quiere tener inmunidad, sino impunidad. Y esta solo se consigue sometiendo a los jueces. El Tribunal Constitucional, que no es poder judicial, ya se encuentra sometido.

Alexis de Tocqueville advirtió de que la democracia podía conducir al despotismo, y propuso algunos medios para evitarlo que se habían establecido con éxito en los Estados Unidos. Los principales eran las instituciones municipales, la libertad de prensa, el poder judicial, los derechos humanos, la ilustración de los ciudadanos y su amor a la libertad. Todos ellos están sometidos a un proceso de limitación o destrucción por el actual Gobierno. Las instituciones municipales son semejantes a las de las comunidades autónomas y el Parlamento nacional. La libertad de prensa no se ha extinguido, pero está en claro declive. Los medios críticos son cada vez menos y más acosados. Y la libertad de opinión se limita mediante la imposición ideológica y los llamados delitos de odio. Los derechos naturales (naturalmente, se omite el adjetivo) son considerados concesiones ideológicas del poder, en lugar de ser su freno y límite. Además, se considera como derechos cosas que no lo son y se niegan algunos que efectivamente lo son. De la ilustración de los ciudadanos creo innecesario hablar. Todo lo que sea ciencia y técnica, está muy bien. Pero el pensamiento queda abolido. Es el artículo primero del despotismo: queda prohibido pensar. Es malo para la salud. En estos tiempos, todos aman la igualdad, pero muy pocos la libertad. Por eso es ella lo que está realmente en peligro.

Con frecuencia, abusamos del término «totalitarismo». No creo que caminemos, al menos a corto plazo, hacia algo parecido a los totalitarismos nazi y comunista, sino a esa especie de despotismo «benigno» que somete las conciencias y deja libres los cuerpos, que previó Tocqueville. La lucha de clases es el principio fundamental del marxismo. Ahora ha sido sustituido por la lucha de ideas (o de eslóganes). Aborrecen la concordia sobre todas las cosas. Sin lucha y odio no tienen nada que hacer. Por eso abominan del bien común.

Apenas se utiliza ya la clásica expresión. Es natural, ya que el objetivo es el mal común. Es un proceso a la vez político e ideológico. Del amor cristiano se pasó a la filantropía moderna, y de esta al paternalismo forzoso de Estado. La ideología sustituye a la religión, el partido a la iglesia y el déspota todopoderoso a Dios. La búsqueda de la justicia se convierte en un artificio inútil. ¿Cómo va a buscarla quien piensa que su partido es el único justo y los demás fascistas? Prácticamente, todos los aliados del Gobierno son enemigos de la concordia: separatistas, comunistas y terroristas cesantes sin arrepentir.

Este proceso de vaciamiento de la democracia solo puede ser detenido por los ciudadanos, los jueces y los medios de comunicación. Y en caso límite, quedaría un último recurso. No se debe permitir ni un paso más en este proceso, bastante avanzado, de transformación de la democracia en despotismo iletrado.