Manifestarse a favor de España no puede prohibirse
La deriva autoritaria de Sánchez afecta a la prensa, a la judicatura, al Parlamento y ahora, también, a la ciudadanía libre
Nunca debería ser necesaria una manifestación bajo el lema «Por España, la Democracia y la Constitución»; y que sin embargo sea imprescindible denota la degradación de los valores más esenciales de la Nación en esta larga etapa de un Gobierno populista intervenido por el separatismo, del que es rehén político a un precio insoportable.
Sobran razones, pues, para la concentración convocada por el Foro España Cívica para el próximo día 21 de enero, en la emblemática plaza de Colón de Madrid, sin otra bandera que la de la Constitución, hoy puesta en entredicho desde el propio Gobierno, con decisiones, pactos, reformas y concesiones incompatibles con la letra y el espíritu de la Carta Magna, víctima de las necesidades coyunturales de un presidente sin líneas rojas.
Que en ese contexto se haya utilizado una argucia legal para prohibir la convocatoria, alegando que otra persona sin identificar ya había cursado una petición previa para manifestarse en el mismo sitio, resulta inaceptable. Y confirma la dificultad de Pedro Sánchez para aceptar la disidencia pacífica, siempre definitoria de la salud de una democracia.
Lo ha hecho con la libertad de información, señalando con falacias desmontadas por El Debate a la «prensa madrileña». Lo ha hecho con el Parlamento, sometiéndole a cierres de actividad y ausencias prolongadas indignas de un Estado de derecho. Lo ha hecho con el Poder Judicial, asfixiándolo al máximo para rendirlo a sus intereses.
En España no se puede rezar ya cerca de una clínica abortiva pero se puede exaltar a un terrorista liberado gracias al Gobierno
Y ahora lo hace hasta con la ciudadanía, a quien solo concibe como un ente abstracto digno de atención si a cambio respalda sus nefastas políticas. La restricción de libertades, resumida en un confinamiento domiciliario durante la pandemia declarado luego inconstitucional, es una de las derivas más inquietantes de Sánchez, cuya deriva hacia el autoritarismo es innegable.
Porque quien intenta ahora que el Foro convocante no muestre su rechazo en la calle es el mismo que persigue el rezo en el entorno de las clínicas abortivas; margina a los medios de comunicación críticos; se ahorra rendir cuentas a la opinión pública protegiendo sus excesos bajo el epígrafe de «secreto oficial» y, sin embargo, despenaliza abusos tales como los acontecimientos sufridos en Cataluña en 2017 o permite todo tipo de actividades de exaltación de terroristas.
Madrid se llenará de gente el día 21, sea en la plaza de Colón o en sus aledaños, y de hecho la prohibición debería ser un estímulo para aumentar la movilización ciudadana bajo un lema que nos concierne y apela a todos.
Porque la Constitución no es solo un cuerpo legislativo sin alma. También es la manifestación escrita de un deseo de convivencia entre distintos, en un espacio compartido de libertad y concordia que hoy está amenazado por el frentismo, la demagogia y la persecución ideológica. Y responder a ese desafío, aunque intenten prohibirlo, es tarea de todos.