Puigdemont ante la Justicia, a pesar de Sánchez

España ha obtenido una necesaria victoria simbólica con la decisión de la Justicia Europea de retirar la inmunidad a Carles Puigdemont, que aspiraba a mantener la impunidad en su inaceptable condición de europarlamentario.

Que el cabecilla de un golpe institucional contra un Estado soberano pudiera refugiarse en el Parlamento Europeo ya era un escándalo incomprensible, pero muy propio de unas instituciones europeas a menudo laxas en el control de fenómenos que, como el separatismo o el radicalismo, afectan al conjunto de la Unión y suponen un desafío inmenso a las estructuras comunes.

Pero que además haya costado tanto retirarle ese escudo solo ha servido para avalar la infamia de que en España no existía un auténtico Estado de derecho y que sus represaliados necesitan huir y refugiarse en espacios más respetuosos con los derechos y las libertades.

A efectos políticos, pues, la resolución judicial pone a cada uno en su sitio, aunque sus consecuencias prácticas sean dudosas. Y no porque el juez Llarena, titánico defensor de la normativa constitucional española, haya perdido su decisión de procesar al prófugo, que sigue intacta y a salvo de presiones y ataques intolerables.

No, la verdadera razón por la que Puigdemont no tiene mucho que temer hay que buscarla en el Gobierno de Pedro Sánchez. En primer lugar, porque nunca peleó por defender la imagen internacional de España, avalando por omisión la campaña denigrante que viene sufriendo por defenderse de conspiradores y golpistas salidos de las propias instituciones.

Y a continuación, porque ha desmontado buena parte de las herramientas legales que tenía el Estado para erradicar todo atisbo de insurgencia. Fue Sánchez quien indultó a los nueve compañeros de aventura de Puigdemont, con Junqueras al frente. Y ha sido el actual presidente quien, además, reformó el Código Penal al dictado de los delincuentes para derogar el delito de sedición y devaluar el de malversación.

Sánchez, en fin, no ha defendido a España, ha legalizado los delitos, ha perdonado a los delincuentes y, si repite en el cargo tras el 23 de julio, aceptará de un modo u otro sus objetivos secesionistas, por la puerta de atrás y entre eufemismos o de una manera directa, con la tutela de un Tribunal Constitucional abonado a su causa.

Ésta es la realidad: Puigdemont, como el resto de los políticos catalanes golpistas, podrá ser juzgado a pesar del Gobierno de España, atado de pies y manos ante el separatismo en su totalidad, sea vasco o catalán.

Y ésa es otra razón, bien poderosa, para esperar un relevo de Sánchez tras las próximas elecciones generales: el máximo responsable de proteger los intereses de España no puede ser la primera herramienta de quienes los devalúan. Sánchez está invalidado para dirigir España por un sinfín de motivos, tantos de ellos económicos e institucionales.

Pero ninguno es de mayor enjundia que su evidente sumisión a partidos y dirigentes que, cuando cometen delitos, son animados desde la Moncloa a volver a hacerlo, con la seguridad de que la única respuesta que recibirán desde el Ejecutivo sea ponerles una alfombra para que les resulte más sencillo.