La Justicia no puede estar al servicio de Sánchez y de Puigdemont

De no ser porque llueve sobre mojado, resultaría difícil de creer que la Fiscalía acudiera en auxilio de un prófugo de la Justicia cuando un tribunal intenta evitar su impunidad y hace lo posible para que rinda cuentas por sus actos.

Y sin embargo, eso es lo que ha pasado: el Tribunal Constitucional, reunido en la llamada Sala de Vacaciones, desechó atender el intento de Puigdemont de frenar la orden internacional que pondría fin a su huida y, como era de esperar, legitimó la decisión del Tribunal Supremo de juzgarlo por los delitos de desobediencia y malversación.

Que no tienen, por cierto, graves consecuencias legales, toda vez que el más grave de los abusos que cometió, el de sedición, ya no existe en el Código Penal por escandalosa decisión de Pedro Sánchez.

Pues bien, ante esa decisión, que debiera ser rutinaria, el fiscal ha saltado como un resorte en defensa del prófugo, instando a la celebración de un pleno del Constitucional donde, se cree, se adoptará otra medida más favorable al dirigente político en cuyas manos está probablemente la investidura del ahora presidente en funciones.

La perplejidad es doble, porque de un lado retrata a la acusación pública como una vulgar terminal del Gobierno y, de otro, evidencia también el control del Alto Tribunal, transformado en una extensión política del PSOE bajo la batuta de Conde Pumpido.

Todo ello, sumado al hecho de que recurran ante el Supremo la decisión de la Junta Electoral de no revisar los votos nulos de Madrid, conforma un cuadro desasosegante y escandaloso. Un panorama en el que el sometimiento de los contrapoderes democráticos a Sánchez se combina con la sumisión posterior, por razones de estricto interés político, a quien encarna una amenaza al Estado y se quiere asegurar su impunidad.

Lo normal sería que, ante un desafío a la esencia misma de la Constitución, todos los resortes del Estado actuaran al unísono y en la misma dirección. Pero lo que estamos viendo es justo lo contrario: la necesidad de Sánchez, por infame que sea, provoca la transformación de los diques de la democracia en trampolines para reforzar a quienes la amenazan.

Y si en la última legislatura esa deriva sirvió para indultar a delincuentes y derogar sus delitos, es razonable pensar que en la siguiente valdrá para legalizar de un modo u otro sus objetivos.

La inaceptable actitud de la Fiscalía y el previsible seguidismo de un Tribunal Constitucional donde prevalece la filiación política de la mayoría de sus miembros a sus obligaciones jurídicas, así lo sugiere.

Todo ello hace aún más insólito, y también más peligroso, hacer depender la designación del próximo presidente de un prófugo sin otra misión política que culminar el golpe que lo llevó a Bélgica. Que ese sea el plan de Sánchez es, en sí mismo, una prueba de su falta de límites y un indicio de hasta dónde puede llegar en sus concesiones con tal de alcanzar su objetivo.