España debe reconocer la derrota del dictador Maduro

Que en Venezuela ha habido un «pucherazo» es indiscutible, y para ello basta con repasar las actas electorales difundidas por la oposición, imposibles de manipular, fáciles de verificar y abrumadoras en su contenido: Maduro fue arrasado por María Corina Machado, Edmundo González y el pueblo venezolano, pese a la represión y el éxodo que padecen millones de ellos.

Ante esa contundente certeza, el Régimen se ha limitado a arrogarse una victoria inexistente, a intentar legalizarla con instituciones e instancias al servicio de Maduro y a imprimir una represión con pocos precedentes que amenaza con detonar un conflicto civil y llevar a la cárcel a los legítimos ganadores de los comicios.

Nada sorprende en el chavismo, un sistema fundado y sostenido sobre los pilares de la tiranía, la pobreza y el poder absoluto ejercido con violencia; que solo puede perpetuarse reforzando tan siniestras líneas maestras. Y eso es lo que ha hecho, de nuevo, con unos comicios adulterados antes de la convocatoria por la inhabilitación de la gran rival de Maduro y, a continuación, con la obscena manipulación del escrutinio.

En ese contexto, por múltiples razones históricas y afectivas, España debería encabezar la respuesta al tirano, empezando por reconocer la victoria de sus adversarios y concitando una solidaridad internacional que posibilite una transición pacífica, desde el escrupuloso respeto a los derechos humanos y la puesta en marcha de los mecanismos de justicia globales que pongan al dictador frente al espejo de sus responsabilidades.

Lejos de eso, tal y como ha revelado El Debate, Sánchez se ha dedicado a proteger y atender al expresidente Zapatero, erigido en «canciller» oficioso del chavismo en Venezuela y en Europa, con un oscuro papel cuyos detalles exigen una profunda investigación oficial.

Y en sintonía con esa infame complicidad con el líder socialista, por acción u omisión, ha mantenido una postura tibia e indolente, que no mejora por el comunicado de Sánchez y otros presidentes europeos pidiéndole a Maduro que difunda sus actas electorales.

Como si existiera la más mínima posibilidad de que dijeran otra cosa a la ya conocida: la histórica respuesta de los venezolanos contra la satrapía chavista, expresada en una épica movilización en las urnas pese al miedo a las represalias anunciado por el Régimen.

El temor a una respuesta violenta de Maduro no es suficiente para justificar la indolente actitud ni de España ni de Europa, que ya pueden comprobar cómo su debilidad es interpretada por Caracas como una invitación para reforzar sus objetivos totalitarios y consolidar el fraude electoral ya perpetrado.

Su obligación casi humanitaria es defender la libre decisión de los venezolanos, y eso comienza por reconocer al nuevo Gobierno democrático salido de las urnas. No hacerlo, en el caso de Europa, es un acto de cobardía intolerable que, en el caso de España y viendo las andanzas de Zapatero, lo es además de complicidad, por razones espurias de cualquier tipo que ojalá un día se conozcan.