Un juez valiente frente a un presidente sospechoso

La citación del juez Peinado al presidente del Gobierno por la causa abierta a su esposa es un acto de perfecta normalidad jurídica pero, también, de hondas consecuencias políticas.

El buen magistrado, que hace su trabajo con rigor, discreción y ajeno a las infames presiones políticas del máximo rango, solo es responsable de lo primero.

Y nadie cabal puede reprochárselo: es su obligación, además de su derecho, tomar todos los testimonios que considere oportuno para determinar si unos hechos con apariencia delictiva se confirman penalmente o, por el contrario, se desechan tras las pruebas oportunas.

Pedro Sánchez no es ajeno a esa máxima del sistema democrático español, que consagra el principio de que todos somos iguales ante la ley, aunque su puesto prevea un aforamiento específico que determina quién, llegado el caso ahora no planteado, tuviera que enfrentarse personalmente a responsabilidades jurídicas y no sólo penales.

Mientras, es de lo más razonable que el juez indague en las escandalosas condiciones en las que Begoña Gómez desarrolló lo que tiene todo el aspecto de ser un negocio empresarial personal, disfrazado con una «cátedra» pública concedida a dedo por la Universidad Complutense, pese a carecer de méritos y tras reunirse en La Moncloa con el rector de la institución académica.

Y lo es porque los indicios de que ese negocio prosperó, hasta límites ahora mismo desconocidos, gracias a la cercanía al presidente y a las decisiones de su Gobierno, son muy sólidos.

Los hechos ya documentados demuestran cómo la «cátedra» en cuestión tuvo una génesis clientelar y un desarrollo inaceptable: todo aquel que se asoció a Gómez obtuvo, a continuación, el visto bueno de Sánchez para recibir contratos públicos y rescates millonarios.

La sensación de favoritismo no es, pues, un invento de los adversarios del PSOE ni una oscura conspiración para derribarlo, sino la conclusión inapelable de poner en secuencia las actividades, intereses y acuerdos de Gómez con las decisiones de su esposo.

Lo ya sabido, más allá de sus posibles consecuencias legales, es intolerable e incompatible con la ética y la estética exigibles a un gobernante. Y sea cual sea el desenlace penal de la historia, lo ya demostrado mancha a Sánchez y haría inviable su continuidad en La Moncloa en cualquier país respetuoso con la ciudadanía.

Que en lugar de asumir las inaplazables consecuencias de los excesos de su clan familiar, con su mujer y su hermano señalados, Sánchez se haga la víctima, movilice al Gobierno y a sus altavoces y emprenda una persecución de los jueces independientes y de la prensa crítica, es escandaloso.

Nadie con un cargo tan relevante puede aspirar a la inmunidad, y mucho menos quién construyó un relato sobre la ejemplaridad para justificar su asalto al poder cuando las urnas le fueron adversas.

El líder del PSOE es la persona menos indicada para exigir impunidad y ahorrarse el mandato constitucional de la rendición de cuentas, aquí ignorado con un compendio de trampas, evasión y coacciones simplemente indecentes.

Solo cabe esperar que el juez Peinado soporte las presiones, haga su trabajo sin atender a influencias externas en ningún sentido, llegue hasta el final en cuantas investigaciones necesite para alcanzar una conclusión y sienta el imprescindible respaldo del Poder Judicial y, por supuesto, de la sociedad española.