Las chapuzas con la dana no pueden quedar impunes

Acaban de cumplirse dos meses de la catástrofe producida por la dana y, de manera incomprensible, se mantiene el estado cercano al abandono de las zonas afectadas y de las víctimas que allí viven. Los anuncios solemnes son más visibles que las ayudas reales, lo que sumado a una insuficiente atención sobre el terrero explica la injustificable situación.

Antes de la tragedia fallaron sin duda los sistemas de alerta y prevención y, después, la atención urgente de los damnificados, muchos de los cuales siguen expulsados de sus casas y sobreviviendo como pueden entre el fango, con imágenes impropias de un país donde proliferan las administraciones, los departamentos, las delegaciones y los organismos de toda laya pero no, al parecer, la eficacia, la rapidez y la organización.

Toda esa maraña institucional no ha servido para adelantarse a los hechos ni, tampoco, para atenderlos con diligencia, sino todo lo contrario: para un obsceno cruce de acusaciones que al final provoca que nadie atienda las responsabilidades propias, las coordine con las de los demás y ello redunde en una mejora de las prestaciones.

Que a estas alturas ni siquiera esté clara la formidable responsabilidad del Gobierno de España y todo se limite a cargar las tintas en el de la Generalitat Valenciana, cuyas culpas son evidentes, pero no las máximas ni las primeras, corona el despropósito cometido y obliga a revisar, desde una comisión parlamentaria de investigación o incluso desde un juzgado, la cadena de despropósitos cometidos y saldados con 223 muertes, decenas de municipios afectados y miles de personas con sus vidas cotidianas suspendidas.

El Debate ya demostró, con un profundo estudio jurídico sobre la cadena de mando descrita en la legislación y de obligada aplicación, la negligencia de Pedro Sánchez y de su equipo, mucho más activos en alertar sobre las consecuencias apocalípticas del cambio climático que en atender un episodio real de ese fenómeno.

Pretender que a una catástrofe nacional le corresponde una respuesta autonómica no solo es una necedad: también es una omisión de las obligaciones indelegables que, en un escenario así de duro, tiene por definición el Ejecutivo, sin menoscabo del papel de las autoridades comunitarias.

Sánchez debió aprobar un decreto para declarar la «situación de interés nacional», la mejor y más rauda respuesta ante una amenaza de esas dimensiones, pues ordena y coordina todos los recursos y permite una reacción preventiva y otra de socorro con la participación de todos los estamentos.

Y la Generalitat debió exigírselo, en lugar de dedicarse a intentar justificar los errores propios para proteger a Carlos Mazón, que aún hoy en día no ha sido capaz de explicarle a los valencianos que fueron abandonados a su suerte por Sánchez, primer y máximo responsable de la gestión de un drama tan feroz, e incluso llegó a agradecerle sus atenciones en las primeras horas de la tragedia.

Algo así no puede acabar con el presidente del Gobierno utilizando este drama para sus batallas políticas contra el PP, ni con una de las responsables más nítidas, Teresa Ribera, ascendida nada menos que a una vicepresidencia de la Comisión Europea.

Y probablemente tampoco sea razonable que Mazón no rinda cuentas de algún modo, aunque ahora acierte al concentrarse en las tareas de recuperación de una provincia devastada por el agua.

Lo decente sería auditar lo que hicieron y dejaron de hacer todos y cada uno de los actores presentes en este episodio, cuyos estragos humanos eran evitables, ya de entrada: hubiese sido suficiente con desalojar algunos municipios, cortar el tráfico por las carreteras y detener incluso la actividad laboral y escolar; algo perfectamente posible con la información científica que se tenía antes de que la dana golpeara con tanta dureza.

En lugar de eso, vimos una insólita dejación de funciones en cascada, rematada por una respuesta humanitaria deplorable, por lenta y escasa. El Rey se ha tomado como algo muy personal poner el foco en Valencia, para que nadie se olvide. Ahora hace falta que el Parlamento y los tribunales hagan lo propio. Porque esto, sin duda, no puede quedar así.