Sánchez menosprecia a las familias numerosas

El artículo 74 del decreto ley de «medidas urgentes» contra la crisis regula la ayuda de 200 euros destinada a las familias con bajos ingresos para paliar los efectos de la inflación que se está cebando, sobre todo, en la cesta de la compra. En el preámbulo de la norma se precisa que esta medida se dirige a las familias «de clase media en un contexto de inflación».

La regulación es sumamente sencilla. Se otorga la ayuda a las unidades familiares que hayan obtenido unos ingresos no superiores a los 27.000 euros en el año 2022 y sean cotizantes de la Seguridad Social, bien como empleados por cuenta ajena o por cuenta propia. Ese límite se aplica a la suma de las rentas obtenidas por quienes componen la unidad familiar (matrimonios o parejas de hecho inscritas como tales). Quedan excluidos los pensionistas, a los que se considera bien tratados, al mantener el poder adquisitivo de sus pensiones. Tampoco pueden ser beneficiarios los que reciben otros subsidios, como el del ingreso mínimo vital, destinados a quienes están en una situación de mayor pobreza.

La norma no distingue situaciones familiares. Podrán solicitar la ayuda, por ejemplo, los solteros con ingresos de 25.000 euros anuales o una pareja que sume unas rentas de trabajo de 26.000 euros. Pero una familia con dos o tres hijos que gane 28.000 euros al año ya no será merecedora de la ayuda. En este caso, la renta per capita familiar es de 6.000 euros, frente a los 25.000 del soltero. Lo que comen los hijos no importa a los diseñadores de la norma; los presupuestos familiares –de los que disponemos datos precisos y pormenorizados– tampoco se tienen en cuenta. La gran mayoría de las familias numerosas, que son las que más sufren el incremento de los precios de la cesta de la compra, va a quedar excluida de la ayuda, contemplada, según reza el preámbulo, para familias «de clase media». Y a las pocas que la reciban, ¿cómo repartirán los 200 euritos entre los cinco o seis miembros de la familia? ¿A cuánto les tocará?

Sencillamente –hay que decirlo alto y claro– la norma es profundamente injusta con aquellas familias que más aportan al futuro de la nación y que más sacrificios están realizando en este «contexto de inflación». El olvido de las familias numerosas es, desgraciadamente, proverbial en nuestras políticas públicas, pero en este caso, por el carácter burdo de la norma, resulta clamoroso. Aquí lo que hay es olvido y maltrato.

Pero, además de injusto, este trato a las familias numerosas es miope, o, mejor dicho, suicida. El «invierno demográfico» es el primer problema de nuestra sociedad. Las familias numerosas (con tres hijos o más) ya tan sólo representan el 8,8 por ciento del total de unidades familiares, en las que el hijo único (el «heredero universal») se ha impuesto como modelo: las familias con un solo hijo son ya el 47 por ciento del total, en un marco en el que las unidades familiares con hijos están también en regresión.

Claro, la condición minoritaria de las familias numerosas hoy en España es un hándicap para ellas, porque su valor en el mercado electoral ha ido disminuyendo. Ya no es un botín electoral valioso, aunque aporten casi el 20 por ciento de los niños que nacen. Pero estos todavía no votan. Y nuestras políticas no miran el horizonte sino que están clavadas en una visión individualista y de aquí y ahora.

Porque el carácter electoralista de la norma es lo más patente en ella. Establece que las peticiones de la ayuda se formularán «desde el 15 de febrero al 31 de marzo». No es difícil adivinar que, dado ese calendario, los cheques con los 200 euros llegarán a sus agraciados en el mes de mayo, pocos días antes de las elecciones municipales.

• Eugenio Nasarre fue presidente de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados