Por qué retrocede el uso del catalán

Sorprende que la lengua materna de la mayoría de los habitantes de una región –lengua que es la oficial del Estado– sea marginada en la escuela así como en otros ámbitos públicos y privados –Administración, medios de comunicación, información, operaciones mercantiles, señalización viaria y un largo etcétera– de la vida cotidiana de la ciudadanía. Sorprende que la lengua oficial de un Estado no sea vehicular en las escuelas de dicho Estado. Sorprende que, por rotular únicamente en la lengua oficial del Estado, los negocios –todos– sean multados en una región con «lengua propia». Sorprende que un Gobierno regional incumpla las resoluciones de los Altos Tribunales favorables al uso de la lengua oficial del Estado desde hace veintinueve años (TC, 337/1994). Todo eso ocurre en Cataluña como consecuencia de la política lingüística de la Generalitat de Cataluña. Una política lingüística al servicio de un proyecto político determinado –la denominada «construcción nacional de Cataluña» que se fundamentaría en la «lengua propia» que otorga «identidad propia» al territorio y sus habitantes– que se vale de una «normalización lingüística» y una «inmersión lingüística» que, además de lesionar derechos, implica –imposición de la lengua catalana en detrimento de la lengua castellana o española: un proceso político de substitución y exclusión lingüística– un ataque a la diversidad lingüística y cultural de España.

No sorprende el estancamiento del uso del catalán –las encuestas al respecto detectan que el uso de la lengua catalana oscila alrededor del 36 por ciento con una tendencia a la baja– si tenemos en cuenta que el hablante escoge la lengua en función de determinadas variables de orden simbólico y nacional y de acuerdo con un cálculo racional/utilitario de coste/beneficio. No sorprende el retroceso del uso social del catalán gracias a los anticuerpos generados –también, la antipatía– por la coactiva política lingüística de una Generalitat que ha latinizado el catalán –la lengua del poder– hasta extremos ridículos. No sorprende el fracaso de dicha política lingüística, porque –por ejemplo– el ciudadano percibe que el monolingüismo limita los traslados de la población y las oportunidades de trabajo interregionales, como si de un proteccionismo arancelario se tratara.

No sorprende el rechazo del catalán si tenemos en cuenta que el nacionalismo catalán no respeta los derechos del hablante, no entiende que es el hablante –la elección de lengua es una decisión personal– quien elige la lengua y no al revés y no acepta que quienes hablan son los ciudadanos y no el territorio. No sorprende el fracaso de la mal llamada normalización lingüística e inmersión lingüística habida cuenta que el ciudadano advierte que está ante un doble proceso: la substitución lingüística del español por el catalán y la extranjerización del español al ser considerado como una lengua impropia frente la lengua natural o propia de Cataluña que es el catalán. ¿Cómo normalizar al normalizador? ¿Cómo sumergir en la realidad lingüística a quienes publicitan la inmersión lingüística?

El nacionalismo catalán –el nacionalismo catalán, tout court– se niega a aceptar la realidad de una Cataluña bilingüe. No entiende que el bilingüismo es un bien que fomentar en lugar de un problema que erradicar. No entiende que el bilingüismo es un patrimonio común. No entiende que los ciudadanos tienen derechos lingüísticos que hay que respetar. Por eso, el nacionalismo catalán se ha instalado en el esencialismo el monolingüismo, el victimismo y el antiespañolismo. El esencialismo que sostiene que Cataluña se levanta sobre una lengua propia que excluye el español. El monolingüismo que quiere imponer la llamada lengua propia como única lengua oficial de facto y de iure. El victimismo –también, chantaje– que inventa un adversario/enemigo al cual se le atribuyen toda clase de maldades. El antiespañolismo de quien desea marginar el español de toda manifestación pública y querría reeducar a los catalanes de expresión española. De ahí, la negación del español como lengua vehicular en la escuela y la marginación del español en la Administración. Propiamente hablando, la política lingüística de la Generalitat de Cataluña –la normalización e inmersión lingüísticas– forma parte de un proyecto político, social e ideológico ajeno a la educación. Un proyecto en el cual la lengua es un elemento clave. Un proyecto o programa de ingeniería social deliberada.

Un nacionalismo catalán –noten la refinada perversidad del caso– que quiere imponer el monolingüismo amparándose en la pluralidad lingüística. Una paradoja y un monolingüismo –ese es el objetivo final– que niega la lengua común española con la finalidad de trazar fronteras identitarias y nacionales entre los catalanes y los españoles. Al respecto, la política lingüística del nacionalismo catalán suele justificarse con la idea de la España plurilingüe o la teoría del carácter plurilingüístico de España. Falso. En España hay una lengua común en todo el Estado –el español– y otras lenguas como el catalán, el gallego o el euskera que son comunes –junto con el español– en determinadas regiones del Estado.

El retroceso y el estancamiento del uso de la lengua catalana, el fracaso de convertir el uso del catalán en una cosa natural y cotidiana más allá de la lengua materna de los hablantes, así como la hegemonía de la lengua española en Cataluña; todo ello, tiene su explicación: así lo ha querido la ciudadanía catalana. El nacionalismo catalán no entiende, ni acepta, que el uso y la pervivencia de una lengua no se impone, se elige.

• Miquel Porta Perales es escritor