Los españoles rotos

La negociación de un nuevo e inconstitucional marco fiscal para Cataluña, la ley de amnistía, el golpe del 1 de octubre de 2017, la segregación social por razón del idioma, amén de otros hechos que ocurren en Vascongadas, como la asunción del relato etarra y el blanqueamiento de la ETA, constituyen la muestra clara del enorme fracaso del estado de las autonomías definido en el Título VIII de la Constitución del 78. No se trata solamente de que no haya conseguido el objetivo de integrar en nuestro sistema democrático a los partidos nacionalistas, es que provoca ataques al mismo por parte de dichos partidos como el antedicho golpe del 2017. Los incumplimientos de los mandatos constitucionales y las lesiones a los derechos y libertades individuales son constantes. Y de consumarse el nuevo marco fiscal para Cataluña supondrá la derogación por la vía de los hechos, y de la enorme pumpidez imperante, del actual marco constitucional, incluido el propio sistema autonómico al saltarse el artículo 138. Será un hecho traumático por atentar contra la primera norma de nuestro ordenamiento jurídico y contra la pacífica convivencia entre los españoles.

Pero siendo dramáticos para la Nación los efectos mencionados del fracasado modelo autonómico, hay otras consecuencias negativas menos evidentes pero que no por cotidianas dejan de ser muy perjudiciales. El autonomismo, acompañado de las componendas de los dos partidos principales con el nacionalismo, ha provocado una suerte de mentalidad cantonal, de visión localista y de ombliguismo, que aleja a la ciudadanía de la participación en los problemas nacionales. No tenemos visión global en cuestiones como la educación en el largo plazo, la mejora de la justicia o la política internacional por citar algunos ejemplos. Y nos vamos a enfrentar a los ataques a nuestro sistema democrático por parte del nacionalismo y del socialismo sin un proyecto nacional común de envergadura; sin participar de la preocupación por lo que está ocurriendo con esa cuestión. Sin tener asumido como Nación que en estos momentos nuestro gran proyecto nacional debiera ser precisamente enmendar y corregir el fracasado modelo territorial definido en el Título VIII de la Constitución. Tiene todo muy mala pinta.

Para eso, en mi modesta opinión, hay dos opciones o caminos legales. Una vía es proponer a la Nación mediante un referéndum la reforma de la norma fundamental comenzando por la modificación del artículo 2 de la misma que consagra que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» por una nueva redacción que tendría que permitir la secesión de alguna parte de España. De no modificar dicho artículo sería accionable, en su caso, el artículo 8-1 que invoca que «las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional» Así mismo, habría que adecuar el Título VIII a la nueva realidad y establecer un procedimiento legal mediante el cual Cataluña, por ejemplo, alcance la secesión. Dicho procedimiento debiera incluir otro referéndum nacional. Vamos a pensar que en esa segunda consulta a la Nación, esta accede a la secesión de dos regiones que todos tonemos en mente; esto podría tener la ventaja de que cuando al cabo de unos años, pidieran su reincorporación a la patria común, en ese momento se podría establecer un modelo territorial definitivo y permanente que solucionase el cáncer de los nacionalismos, incluido el que practica el PSC. Es un camino muy difícil ya que parece imposible que el pueblo español quiera modificar el artículo 2 de la Carta Magna, sería ir directamente en contra de España y nadie iba a realizar esa propuesta.

La segunda opción sería que uno o más líderes de partidos nacionales y sus partidos respectivos promoviesen entre la ciudadanía, primero un gran proyecto nacional para evitar las nefastas consecuencias del estado autonómico y después la oportuna reforma constitucional que sustituyese la totalidad del capítulo 3 del ya mencionado varias veces Título VIII y la implantación de otro esquema territorial más sencillo y centralizado y que penalice, en la práctica y en los tribunales, los procesos de secesión. ¿Esto es posible hoy en día? Pues habida cuenta de que en el PP está encantado comiendo en el pesebre del modelo y habida cuenta de la cantidad las miles de personas que viven del tinglado autonómico, esta segunda opción tampoco parece alcanzable, por el momento.

¿Entonces, qué hacemos? ¿Nos resignamos a las consecuencias traumáticas que puedan tener las acciones de socialistas y nacionalistas? Pues no debiéramos ya que la historia no enseña que estos procesos terminan a menudo de forma dramática.

Tendríamos que contar, lo primero, con alguien que asumiese la tarea de desarrollar un potente liderazgo político. Pero, no necesariamente alguien de los partidos tradicionales si no ajeno a ellos y que fuese planteando la cuestión a la ciudadanía. Sería importante que la llamada sociedad civil se incorporase con firmeza a combatir el problema. Medios de comunicación, asociaciones empresariales, universidades, foros de debate, asociaciones civiles… todos han de contribuir a hacer la pedagogía necesaria en nuestra sociedad que, como decía, se encuentra inmersa en su localismo. Todos hemos de ayudar a potenciar la voz de los no nacionalistas en las regiones afectadas por el virus. El mundo económico y de la empresa ha de asumir que se juegan mucho en el evite a la convivencia y estabilidad de España.

Y, por último, todos y cada uno de nosotros, superada la desconexión vacacional, hemos de ir tomando conciencia y poner nuestro granito de arena ayudando a crear opinión en nuestro entorno. Nos jugamos España.

• José Antonio García-Albi Gil de Biedma es empresario