Hardware

Tras explicar en una universidad sudamericana los intríngulis del derecho ambiental, un avispado alumno levantó su mano para soltarme lo siguiente: «lo que usted ha expuesto está requetebién, pero resulta que en este país los funcionarios que tendrían que aplicar esas leyes son corruptos, los jueces también lo son y lo es hasta el apuntador». Sorprendido, le contesté que su Constitución consagraba un Estado de derecho homologable a cualquier otro, y que nada me hacía sospechar, desde fuera, que estuviéramos en un régimen autocrático. La clase comenzó entonces a sonreír, lo que me dio alguna pista sobre lo desencaminado que iba.

Se me ocurrió entonces, intentando salir del paso, contarle que para que funcione un software debía existir antes un hardware capaz de reconocerlo y permitir su uso. O lo que es igual: que mal resultado darían unas reglas medioambientales que no fueran puestas en funcionamiento en un ordenamiento jurídico como Dios manda, presidido por elementos básicos detectables en una u otra nación.

La erosión del hardware que me indicó aquel inquieto estudiante no imaginaba yo que fuera a cruzar el charco en dirección a España unos cuantos años después. Esa degradación de las paredes maestras del sistema a la que hoy asistimos se asemeja bastante a la que padecen allá algunas repúblicas, hasta las que no son propiamente tiranías. En todas sucede lo mismo: sobre el papel cuentan con rasgos típicos de una democracia, pero se trata de papel mojado, como quiera que los que deben velar por ella no lo hacen como debieran, sino que persiguen acabar con su funcionalidad para lograr perpetuarse en el poder o para saquear al erario.

Pero lo más grave no es esto, sino que incluso el software legal es cada vez más una mercancía averiada aquí. La sucesión de genuinos desvaríos normativos de los últimos tiempos, con preámbulos inacabables que preceden al ratoncillo del parto de los montes, se acumulan en los repertorios legislativos como materia prima para que abogados y juzgadores hagamos verdaderas piruetas en su aplicación, debido a su pésima construcción y su delirante objetivo regulatorio.

El potente hardware con el que toda democracia debe contar, además, está siendo manejado por quienes le tienen un respeto manifiestamente mejorable. Ejemplo de ello es la deriva del actual supremo intérprete constitucional a la hora de crear derechos nunca plasmados en nuestra Carta. Orillando el sacrosanto principio democrático, sopesan ejercer de legisladores sin que se les haya dado vela en ese entierro. Y quienes no dejan de apelar a la necesidad de hacer guardar la voluntad popular, no dicen ni pío sobre esto. Se sienten pasos de que la amnistía, descartada por nuestros constituyentes en diversas oportunidades, puede llegar a incluirse en el texto fundamental por la puerta de atrás, mediante la decisión de un puñado de magistrados que no son absolutamente nadie para hurtar al pueblo español su legítima capacidad para decidir en libertad sobre ese tema, y de regirse por una ley de leyes que contempla lo que contempla y lo que no se ha escrito en ella es que no se ha querido escribir, por las razones que sean. Espero y deseo equivocarme, pero me huele que los tiros van por ahí.

Contamos con un hardware y un software seriamente dañados. Y con técnicos que insisten en profundizar en sus averías, en lugar de solventarlas. Algunos, para más inri, consideran que no hay de qué preocuparse. Que es indiferente que se hagan unas u otras leyes, en un relativismo al que le trae al pairo que se encierre a un país entero con la herramienta legal equivocada, o que se ingenie una fórmula no prevista en la Constitución para conseguir siete míseros votos que permitan continuar en la poltrona.

La salida a esta situación pasa por recuperar con urgencia el hardware y el software del que hace seis años disponíamos. Y poner a su cuidado a los que de verdad controlan de informática política y jurídica, procediendo a una derogación en masa de los innumerables despropósitos legales que ha ido imprimiendo el desdichado boletín oficial, devolviendo a la nación la seriedad característica que ha tenido siempre su derecho, tomando buena nota de los artistas que han hecho lo indecible por desprestigiarlo.

• Javier Junceda es jurista y escritor

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