Una democracia de ciudadanos libres e iguales

Con carácter previo a la finalización del curso político con motivo de las vacaciones veraniegas, los españoles hemos tenido conocimiento de dos documentos que ponen de manifiesto la compleja situación política que atraviesa nuestro país.

En primer lugar, el Tribunal Supremo ha planteado Cuestión de Inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica de Amnistía, afirmando con rotundidad que no alberga duda alguna acerca de su inconstitucionalidad.

En segundo lugar, se ha hecho público el llamado Acuerdo de investidura entre el PSC y ERC, en el que se pacta impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal.

Sentado lo anterior, es preciso destacar que la causa principal u originaria que, en última instancia, ha acabado dando lugar a estos dos documentos es la misma: la necesidad imperiosa por parte de una fuerza política nacional de obtener el apoyo nacionalista en el Congreso con el fin de ostentar el Gobierno de la Nación. Ese es el problema trascendental que viene padeciendo nuestro sistema democrático desde la aprobación de la Constitución. La principal novedad en el presente momento histórico radica en que parece existir una disposición sin precedentes a llegar a cualquier tipo de pacto.

Nuestra Constitución instauró un sistema bicameral en el que se encomendaba al Congreso la función de representar a la totalidad de la Nación española, mientras que el Senado debía personificar al conjunto de sensibilidades territoriales de nuestro país. Por ese motivo, el protagonismo que los partidos de ámbito nacional estaban llamados a desempeñar en el Congreso debería haber conllevado un incremento de las posibilidades de conformar mayorías parlamentarias estables en esa Cámara.

Sin embargo, los generosos esfuerzos llevados a cabo por los protagonistas de nuestra Transición política para conseguir la integración de los nacionalismos periféricos en la unidad de España, conformó un sistema electoral que ha otorgado a dichos nacionalismos una importancia en la formación de las mayorías parlamentarias claramente desproporcionada. Como consecuencia de ello, la Democracia española ha asistido en las últimas décadas a un doble fenómeno, producto de la necesidad de contar con el voto favorable de las referidas minorías a la hora de investir un Presidente o aprobar anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado: por un lado, un proceso de transferencia de competencias a las autonomías que ha devenido en un evidente propósito de privar al Estado de su capacidad de actuación. Por otro, la obtención de cuantiosos recursos económicos por parte de determinadas Comunidades Autónomas, prescindiéndose del interés del conjunto de la ciudadanía que ha de prevalecer en el diseño y ejecución de la política económica del Estado.

Ahora bien, el Congreso es una Cámara de representación popular, que ha de velar por la defensa del interés general en su conjunto. Por ese motivo, no resulta tolerable que, con un nivel de descentralización como el alcanzado por España, minorías nacionalistas condicionen la estabilidad y el funcionamiento del Estado. De persistir el actual sistema, el fenómeno puesto de manifiesto provocará la inviabilidad del Estado español.

No obstante, corregir la situación descrita es factible y no requiere de ninguna modificación constitucional. Bastaría una reforma limitada de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Así, estableciendo una barrera electoral que impida acceder al reparto de escaños a aquellos partidos que no superen un 4 % de los votos emitidos en el conjunto del territorio nacional, se facilitaría la conformación de mayorías absolutas en nuestra Cámara baja. Al existir barreras electorales similares en varias de nuestras Comunidades Autónomas, el Tribunal Constitucional ha podido manifestarse con respecto a las mismas, confirmando su constitucionalidad.

Con la reforma propuesta, los nacionalismos periféricos perderían su capacidad de condicionar la política nacional, y ejercerían su actividad política en sus respectivas Comunidades Autónomas y en el Senado.

Algunas voces podrían argumentar que semejante modificación supondría que esas sensibilidades nacionalistas dejaran de ser escuchadas en el Congreso, privando al mismo de la expresión de la diversidad de nuestro país. Sin embargo, los anhelos nacionalistas de expresión política fueron encauzados por nuestra Constitución a través de las Comunidades Autónomas, solución de consenso alcanzada por el constituyente y refrendada de forma mayoritaria por el pueblo español. En ese sentido, y usando las palabras de Ortega, la Autonomía se convirtió en el puente tendido entre los dos acantilados representados por ese sentimiento de una parte de Cataluña que no se siente española, y ese otro sentimiento de todos los demás catalanes y españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo esencial de España.

Todos los acontecimientos protagonizados por el independentismo que hemos vivido en Cataluña en los últimos años, y en otros territorios de España con anterioridad, no son más que un intento de romper ese consenso alcanzado por la Constitución. Como ha señalado el Tribunal Supremo al plantear la Cuestión de Inconstitucionalidad, Los golpistas trataron de imponer a los demócratas, en Cataluña y en el resto de España, sus propias ideas y las consecuencias de las mismas, ignorando el ordenamiento constitucional y sin apelación alguna al diálogo, la negociación y los acuerdos democráticos.

Por todo lo expuesto, carece de sentido de Estado el que, con el fin de ostentar el Gobierno, se continúe dando satisfacción de forma constante a las radicales aspiraciones de quienes, al fin y al cabo, solamente pretenden la destrucción de dicho Estado de una forma u otra.

Por ese motivo, es imprescindible que los grandes partidos nacionales lleven a cabo la reforma legal expuesta, de tal manera que sea posible formar Gobierno sin la necesidad de acudir a minorías políticas cuyo principal objetivo fundacional es la destrucción de España. La necesidad histórica y política es evidente y la justificación jurídica ya fue expuesta por el Tribunal Constitucional en el pasado. España no puede ser una Democracia asimétrica en cuanto a derechos y deberes en función del territorio al que se pertenece. España ha de ser la Democracia de ciudadanos libres e iguales plasmada en nuestra insustituible Constitución.

• Sergio Velázquez Vioque y Miguel Ángel Trillo-Figueroa Ávila son abogados