La libertad con Franco

Hace poco más de una semana el Congreso de Diputados ha aprobado por una amplia mayoría – solo contestada por los 33 diputados de Vox – una Modificación de la Ley Orgánica del Derecho a la Asociación, merced a la cual se podrá convertir en una organización ilegal y bajarla a las catacumbas de la libertad la Fundación Nacional Francisco Franco. Desde que Milton en 1644 publicara su obra Areopagítica, la libertad de expresión solo tiene sentido como el derecho a discrepar del poder y, desde luego, de la mundivisión reinante. Esa Modificación de la Ley Orgánica del Derecho a Asociación la podría entender perfectamente la censura franquista, pero nunca la entenderá un demócrata 'normal', vamos, que ni siquiera hace falta ser un demócrata de raza. Cualquier democracia, consciente de que la libertad de expresión no es un simple reflejo de un deseo humano, sino de un derecho político sagrado, limpia el terreno de obstáculos que le impidan su realización. Pero la democracia española no.

Nuestra singular democracia entiende la libertad de expresión como aquel fiscal del Tribunal Supremo de la URSS, Piotr Krasikov, que la entendía como un buen estoico en época imperial, la de seguir voluntariamente la dirección que sigue la cadena amarrada al cuello, como un perrillo a la traílla del amo. Pero en el mundo liberal la libertad de expresión se enmarca en un contexto de resistencia individual y de afirmación de la dignidad personal, que se enfrenta a una especie de dictadura del pensamiento, pensamiento 'correcto', claro, configurado por el monopolio pensante del Estado y los grandes medios paniaguados como correa de transmisión. La libertad de expresión es un derecho de necesidad antropológica, gracias al cual el hombre puede defender su propio pensamiento del control de los más poderosos. Solo en la democracia surge el hombre como ser expresivo con capacidad para decidir no solo su destino y su futuro, sino también el de los demás, penetrando su pensamiento legítimamente en el mercado de pensamientos y creencias que hay en la sociedad.

El ciudadano, en cuanto ciudadano, y no súbdito o residente en un Gulag, en cuanto habitante en un ámbito de libertad, no puede ser importunado porque sus pensamientos no coincidan con los correctos de la madre superiora. Para que una sociedad tenga una opinión pública formada necesita de la libertad de expresión, sostenida en un mercado libre de ideas y en donde la dignidad y la autonomía humanas se defiendan. Sin libertad de expresión no se forma el criterio político de los ciudadanos. Sin libertad de expresión desaparece la dignidad individual. Sin libertad de expresión no se desarrolla la individualidad, lo único vivo, tangible y realmente concreto que existe en la sociedad. Y tampoco puede existir la verdad cuando está prohibido, cancelada la libertad de expresión, examinar el hecho histórico desde distintos ángulos con distintas perspectivas. Así, la verdad del franquismo no se agota en la perspectiva cerrada e interesadamente antifranquista; necesita cotejarse con la visión propia de los franquistas. Así, verbi gratia, el antifranquismo lleva a valorar el franquismo como un epifenómeno fascista, hermano del nazi o del fascismo italiano, y eso no es del todo verdad. El primer ministro británico Stanley Baldwin animaba a Hitler epistolarmente y mediante el embajador inglés en Berlín a atacar la Unión Soviética en 1937 —nosotros entonces luchábamos contra el comunismo en los campos de España—, y no por eso el Gobierno británico ha tachado jamás de fascista al Conde Baldwin de Bewdley. Y es que en general el Gobierno británico, como poder ejecutivo, nunca ha hecho juicios históricos, no entrometiéndose para nada en las investigaciones históricas.

El juramento que hicieron todos los miembros de la División Azul —la división con más universitarios e intelectuales que ha existido en la historia de nuestros ejércitos— antes de llegar a Miasnoi Bor, tras hacer un largo camino andando desde Grodno, dejaba claro que el único punto en común que tenían con Alemania era su lucha contra el comunismo, no teniendo a ningún otro país que no fuera Rusia como enemigo, y las normas jurídicas y de Derecho Internacional que se comprometieron a acatar (Instrucción General 3005) eran, por ejemplo, la de respetar la vida y la salud de los prisioneros, curar a los prisioneros heridos, y no despojar de ninguna propiedad a ninguna familia rusa sin su pago correspondiente. Y es que ser anticomunista no solo es propio de un fascista, también lo compartimos los liberales y demócratas. Toda imposición de criterio restrictivo, como este de prohibir la Fundación Nacional Francisco Franco, convierte otra vez al ciudadano español en niño supersticioso carente de capacidad racional, y ya nos basta con el infantilismo del Parlamento y del Gobierno. A ver si crecen. Esperemos que el español pueda seguir construyéndose a sí mismo a través de la elaboración de ideas en libertad.

• Martín-Miguel Rubio Esteban es escritor