¿Qué pasa cuando una iglesia se cierra? El proceso canónico para desacralizar un templo

La clausura de una iglesia es una decisión dolorosa que afecta a la comunidad de fieles que la frecuentaba y a la historia y el patrimonio de la Iglesia. Este hecho, es inevitable por diversas razones, como la falta de sacerdotes, la disminución de la población, el deterioro del edificio o la emergencia de nuevas necesidades pastorales. En estos casos, ¿qué ocurre con el templo que deja de ser usado para el culto? ¿Se puede vender, demoler o transformar en otro tipo de espacio? ¿Qué normas rigen este proceso?

El Código de Derecho Canónico, que es la ley que regula la vida interna de la Iglesia católica, establece el procedimiento que debe seguirse para desacralizar una iglesia, es decir, para quitarle el carácter sagrado que le fue conferido cuando se consagró o bendijo. Este procedimiento se llama «reducción al estado profano» y consiste en un acto jurídico y en un rito litúrgico.

El acto jurídico es la declaración del obispo diocesano, que es la autoridad competente para decidir la clausura de una iglesia, previa consulta al consejo presbiteral y al colegio de consultores. Esta declaración debe hacerse por escrito y debe indicar las causas graves que motivan la medida, así como el destino que se dará al templo y a los objetos sagrados que contiene. Además, debe comunicarse a los fieles afectados y publicarse en el boletín oficial de la diócesis.

El rito litúrgico es la celebración que se realiza en la iglesia que se va a cerrar, con la participación de los fieles, los sacerdotes y el obispo. En esta celebración se hace memoria de la historia del templo, se agradece a Dios por los dones recibidos y se pide su bendición para el futuro. Al final, se retira el Santísimo Sacramento del sagrario y se traslada a otro lugar, se apagan las velas y se cierran las puertas. Con este gesto simbólico se expresa que la iglesia ya no es un lugar sagrado y que queda a disposición de la autoridad civil para el uso que se le haya asignado.

La reducción al estado profano implica que la iglesia ya no está sujeta al derecho canónico, sino al derecho civil, y que puede ser vendida, demolida o transformada en otro tipo de espacio, siempre que se respete la dignidad del lugar y se evite el escándalo de los fieles. Sin embargo, el Código de Derecho Canónico recomienda que, si es posible, se destine a un uso que no sea contrario a la piedad o a la religión, como, por ejemplo, un centro cultural, educativo o social.

La clausura de una iglesia es un acontecimiento triste, pero también una oportunidad para renovar la fe y la misión de la Iglesia, que no se identifica con los edificios, sino con las personas que los habitan y los hacen vivir. Como dijo el Papa Francisco, «la Iglesia no es un museo, sino una casa viva donde se encuentra y se acoge a Cristo».