De Iceta a Urtasun: un año de guerra cultural con Josu Ternera como siniestro protagonista

La «medida estrella» como ministro de Cultura de Miquel Iceta: 2 euros el precio de la entrada de cine para mayores de 65 años los martes, ha resultado ser un fracaso. Solo 228 cines de 420 han gastado todo lo que habían recibido de ayudas del Gobierno. 10 millones a cargo de los Presupuestos Generales y ningún cine que haya agotado la subvención. Dice el Gobierno que todo se debe a que el porcentaje de mayores de 65 años que ha dejado de ir al cine ha bajado un 6 %.

De cualquier modo, Iceta ha dejado de ser ministro de Cultura para ser premiado por tan generosa gestión a cargo de los españoles con el puesto de embajador de España ante la UNESCO. Y a vivir, añadiría más de uno, incluso antes de su adiós, después de la convocatoria de elecciones a finales de julio que paralizó todos los proyectos culturales en marcha para resoplido del cesante. Al entrante no parecen importarle las paralizaciones sino la ideología: el grueso de sus manifestaciones y gestos desde su llegada al cargo.

El problema del personal de los museos sigue ahí. Inversiones fallidas y negligencias varias, del Gobierno (Iceta) y de los sindicatos. La pandemia ha sido la justificación de muchos desmanes, incluido este. Ha pasado mucho tiempo y la cuestión no se zanja. Los museos abiertos de par en par, gratis, por la ausencia de personal. Un desastre que continúa y del que no se dice nada. Tampoco Urtasun, que de los museos solo ha hablado de la «descentralización» del Prado. Ahí está el Estatuto del Artista del que Rafael Álvarez «El Brujo» dijo que no servía «pa na».

La ley del cine también está ahí, «retomada» por el nuevo ministro con prioridad: «Cerramos la ronda de encuentros con representantes del sector audiovisual intercambiando impresiones con prestadores de servicios, televisiones, plataformas y creadores. Desde el Ministerio de Cultura trabajaremos para que la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual recoja consensos y se apruebe cuanto antes», escribió en X el pasado 13 de diciembre.

Solo la palabra «consensos» ya resulta tan sospechosa como los antecedentes de dichos consensos. Una historia sin fin en un año 2023 que ha tenido otros titulares a la sombra de la parra de Iceta y en las últimas semanas de Urtasun. El Bono Cultural Joven fue otra iniciativa con orígenes de película de los hermanos Marx. La gran medida cultural de 2022, a principios del presente año que termina, arrojaba unas cifras tan desoladoras como que solo lo habían solicitado la mitad de los jóvenes que podían hacerlo.

Obligado a rectificar en el asunto de la no inclusión de los espectáculos taurinos como añadido a la sensación de desgobierno, el bono no ha remontado su aceptación entre los menores de 18. Tan menor fue la demanda de esta subvención entre los subvencionables que en octubre, a poco de cumplirse el plazo para solicitarlo para el año próximo, los «próceres» de la «cultura» española, desde Iceta a García Montero, hacían promoción de la ayuda gubernamental, como si fuera un mero producto, desde sus respectivos púlpitos.

Según la propia Moncloa, por esas fechas, solo había 40.000 solicitudes más que el año anterior, cuando apenas se superó el 50% del total. Precisamente García Montero, director del Instituto Cervantes, ha sido otro de los protagonistas del año cultural. Una suerte de «mediador» en la injerencia del Gobierno en el Congreso de la Lengua celebrado en Cádiz.

Allí el Ejecutivo puso a Elvira Lindo como escritora representante y se cobró los millones que Santiago Muñoz Machado consiguió para la Real Academia que preside. Los académicos levantaron su protesta por la intromisión, pero de nada sirvió, pues Pedro Sánchez apareció el último día en el acto de clausura, guiado por García Montero y a la vera de Albares, el impropio (para el CILE y para tantas otras cosas) ministro de Exteriores. Entre el Gobierno y la RAE, el poeta metido a gestor a dedo, coquetea con el lenguaje inclusivo, mientras afirma que la buena salud del español no es tan buena, contradiciendo a la Academia.

La propia situación del Cervantes abunda en el protagonismo (negativo) de García Montero, en un aspecto que no solo no ha solucionado, sino que se ha agravado durante su dirigencia. Las aperturas de nuevos centros por el mundo para ser conducidos (con elevados salarios) por amigos y afines como Luisgé Martín, antiguo escritor de discursos de Sánchez, contrastan con la situación de los profesores colaboradores, con remuneraciones exiguas y sin seguridad social, ni derecho al paro, entre otros, ante lo que el director responsable se ha manifestado con declaraciones meramente políticas que esconden la oscura burocracia de la institución.

Todo lo contrario a la opacidad ha sido la sucesión de Premios Nacionales, casi todos ellos sujetos al sesgo ideológico imperante. El «compromiso progresista», el feminismo radical o la preeminencia de las lenguas minoritarias no han sido requisitos precisamente ocultos por el dador de los galardones públicos que han hecho ideología con el dinero de todos los españoles. No precisamente con el dinero de todos los españoles fue financiado el documental (en realidad una mera entrevista) sobre el asesino huido Josu Ternera realizado por Jordi Évole y proyectado en el Festival de San Sebastián, el mismo festival que fue objetivo de asesinos como el protagonista y que le ha dado a este una visibilidad impropia como caprichoso y notable ejemplo estético y ético de lo que hoy es España, incluso más allá de la cultura.