El PNV cobrará un alquiler al Estado por la sede del Cervantes en París que Sánchez cedió a los nacionalistas

Nueva cesión millonaria del Gobierno español de PSOE-Sumar al Partido Nacionalista Vasco como pago por los servicios prestados al facilitar la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa.

El gobierno cederá al PNV la propiedad del palacete parisino, cercano a los Campos Elíseos, donde se sitúa una de las dos sedes del Instituto Cervantes en la capital francesa.

El PNV argumenta que el edificio, que fue sede del gobierno vasco en el exilio tras la Guerra Civil, lo adquirió el PNV gracias a los donativos de sus afiliados en 1936 y que tras la ocupación alemana de París el franquismo reclamó su incautación.

El edificio, de 1.309 metros cuadrados, se encuentra en el número 11 de la Avenida Marceau y el Estado pagará hasta 2030, cuando finaliza el derecho de uso del edificio por parte del Gobierno español, un alquiler al PNV al precio de mercado.

Con todo, según los expertos, la titularidad del inmueble no está clara, motivo por el cual el Tribunal Supremo, en la época del Gobierno de José María Aznar, desestimó el recurso de los independentistas vascos para obtener la cesión del inmueble. Además, la documentación aportada por los demandantes, apuntaban a más a una propiedad del gobierno vasco y no del PNV, según se apunta en la información publicada por el diario El Mundo.

Según defendió la versión del PNV el inmueble lo adquirió el partido el 12 de septiembre de 1936 antes de la aprobación del Estatuto de Autonomía y de la formación del gobierno vasco con fondos recaudados por el partido.

Tras el fin de la Guerra Civil, defiende el PNV, el gobierno vasco en el exilio se instaló en el palacete hasta el 19 de julio de 1943, cuando las autoridades del París ocupado por los nazis establecen que el gobierno español pasa a ser el nuevo propietario del edificio al no reconocer la legitimidad de ningún gobierno vasco.

La cesión del edificio ha sido una vieja reclamación del PNV. En una publicación en Facebook del 16 de octubre de 2018, el presidente del PNV Andoni Ortuzar, aseguró que «siempre que vengo a París visito el número 11 de la Avenue Marceau, el palacete que, cedido por el PNV, dio cobijo al Gobierno Vasco en el exilio. Luego fue ocupado por los nazis, de estos pasó a manos franquistas y, después, a ser patrimonio del Estado español. Hoy es la sede del Instituto Cervantes. Pero su legítimo dueño sigue siendo el PNV».

Afirma el PNV que la cesión del inmueble se llegó a pactar con el Gobierno de Mariano Rajoy, pero que no se llegó a hacer efectiva por la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno.

Con las manos atadas por los independentistas vascos y catalanes, y por los partidos de extrema izquierda del variopinto Congreso de los Diputados, el Gobierno de Sánchez finalmente ha cedido a la presión como peaje al PNV y, además de entregar la propiedad a los nacionalistas, les pagará por su uso hasta 2030.

La cesión está respaldada por la reciente legislación aprobada por el Gobierno del Sánchez.

En la Disposición adicional novena, titulada «bienes y derechos incautados en el extranjero», de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, se dispone que los beneficiados por la n la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados, aprobada durante el Gobierno de Aznar, «serán de aplicación a los bienes y derechos obtenidos en el extranjero».

Además, establece que los beneficiarios «lo serán también los partidos políticos respecto a los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial o económico que hubiesen pertenecido a personas físicas o jurídicas vinculadas a dichos partidos políticos con carácter fiduciario o bajo cualquier forma de cobertura jurídica sustentada en negocios o pactos de interposición personal».

La Disposición adicional novena de la Ley de Memoria Democrática parecía redactada pensando, en concreto, en el edificio del Instituto Cervantes de París que reclamaba el PNV, y el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, «por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social», lo confirmó.

Este real decreto, publicado el 24 de diciembre de 2024 en el BOE, señala en su Disposición adicional segunda que, «de conformidad con los principios inspirados de la legislación sobre Memoria Democrática y sobre restitución de bienes incautados a partidos políticos», se atribuye al PNV la propiedad del inmueble titularidad de la Administración General del Estado situado en la Avenida Marceau número 11 de París.

La Disposición matiza, no obstante, que «el inmediato traspaso de la propiedad, el Instituto Cervantes podrá seguir ocupando el inmueble hasta el 31 de diciembre de 2030», y que el Estado podrá seguir haciendo uso del inmueble hasta esa fecha «abonando desde el 1 de enero de 2025 una renta de mercado».

Además, aunque la propiedad del edificio del Instituto Cervantes en París es el premio mayor, no es la única cesión del Estado al PNV.

En dicho real decreto también se establece que el Estado compensará al PNV «por la privación del inmueble sito en Noyon (Francia), conocido como Hotel de Mont Renaud, Boulevard Carnot, n.º 77, y del localizado en Compans (Francia), denominado Ferme de I'Hotel de Dieu, Rue Mitry, s/n».

Obviamente, el PNV se felicitó por todas estas cesiones y, en concreto comentando la cesión de la propiedad del edificio de la Avenida Marceau 11, los nacionalistas vascos insistieron en que es «justa e histórica».

Además, argumentan que el gobierno español encargó una serie de informes donde se comprueba «fehacientemente que el origen de los fondos utilizados para costear la compra inicial del edificio no fue el Gobierno Vasco, sino que fueron recaudados en 1936 y gestionados por el PNV».

Sin embargo, según la información publicada por el diario El Mundo, el gobierno de Pedro Sánchez argumenta que dichos informes son confidenciales, por lo que no los va a hacer públicos.