El 75 % de los funcionarios prefiere la medicina privada a la pública

El Ministerio de Hacienda es un auténtico macroministerio y más con la incorporación a sus responsabilidades de todo lo relacionado con la función pública y MUFACE ( Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), que no estaba entre sus actividades en los Presupuestos Generales de 2021.

Este Ministerio ha presentado un Presupuesto de 27.688 millones de euros de gasto, con una bajada de 6.871 millones de euros (-19,9 %), debido a la reducción del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) que va a ver reducido su monto en 9.500 millones de euros. De no haber sido por esta bajada, ni la incorporación de la función pública a este Ministerio, la subida de gastos sería de un 14,8 %.

Este Ministerio tiene 25 secciones funcionales de gasto que iremos revisando a continuación con el objetivo de que los lectores entiendan la enjundia de un Ministerio cómo es el de Hacienda.

Las dos primeras secciones de gasto son las Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo y la Asistencia Sanitaria del Mutualismo Administrativo, siendo MUFACE la responsable de ejecutar estos servicios, que tienen un coste de 1.902 millones de euros (+4,9 %), que por supuesto, en la partida de Ingresos del Estado tiene su correspondiente apunte. Y es que a los funcionarios se les retiene una parte de sus ingresos que van destinados a esta función y el Estado aporta, como cualquier empresario, su parte correspondiente para la asistencia sanitaria y para la jubilación del funcionario.

En los Presupuestos anteriores, estas partidas estaban en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y en el año 2021 las dos partidas sumaban 1.813 millones.

De la partida de Prestaciones económicas en 2022 se van a dedicar a subsidios de los funcionarios 292 millones el 89 % del total del presupuesto. Y de la partida de 1.574 millones para Asistencia Sanitaria el 100 % va dedicado a prestaciones a través de la medicina privada (75 %) o de la Seguridad Social (25 %), en función de la adscripción de cada funcionario.

La tercera sección de gasto es la Conservación y restauración de bienes culturales. Esta partida recoge la aportación de la Administración general del Estado a las ciudades de Santiago de Compostela, Cuenca y Toledo para promover las actividades de conservación del patrimonio histórico y artístico de estas ciudades. El Presupuesto es de 7,6 millones de euros, el mismo que en 2021.

La partida número cuatro, Incentivos regionales a la localización industrial, crece un 57,4 % desde los casi 60 millones de euros del 2021, a los 94 millones previstos para 2022. De estos 94 millones de euros, 92 van a subvenciones directas a empresas que invierten en zonas definidas de promoción económica y que contribuyen al desarrollo de esas zonas desfavorecidas. Prácticamente todas las Comunidades Autónomas están adscritas a este programa a excepción de Cataluña y Madrid.

La quinta partida de gasto por funciones es la Investigación y estudios estadísticos y económicos. El desarrollo de esta función está adscrita al Instituto de Estudios Fiscales al que se le dota de un presupuesto de 6,5 millones de euros (+5,3 %). Este Instituto fue creado en 1.960 y realiza funciones, que aunque no se quieran reconocer, deberían ser responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística. La falta de capacidad crítica dentro de los Gobiernos españoles y el interés de poder de los Ministerios de Hacienda y Economía evitan que este Instituto se integre en el de Estadística.

Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información es la sexta partida con un presupuesto dotado de 12,7 millones de euros (+15,3 %) y que hasta ahora sólo habíamos visto en el Ministerio de Presidencia. Leyendo a qué se va a dedicar esta partida, demuestra la obsolescencia de los equipos pensantes a la hora de definir la futura sociedad de la información. No se habla ni se menciona blockchain como el futuro en los sistemas de desarrollo seguro y por dónde está girando el mundo de las nuevas aplicaciones.

La séptima partida es la de Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos, actividad desarrollada por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, con un presupuesto de 7,5 millones de euros (+0,9 %). Este Comisionado es el responsable de que los paquetes de cigarrillos y los cigarros, lleguen con igualdad de oportunidades, prontitud, garantía y seguridad a los estancos, junto con los sellos y timbres que se distribuyen por estos establecimientos.

La octava partida es la Dirección y Organización de la Administración Pública, función que correspondía al Ministerio de Política Territorial y que entra por primera vez en Hacienda, con un presupuesto de 19,5 millones de euros, frente a los 19,1 millones del 2021. Esta función recae sobre la Secretaría de Estado de Función Pública, que a su vez cuenta con tres Direcciones Generales: la DG de la Función Pública, la DG de Gobernanza y la Oficina de Conflictos de Intereses, con rango de Dirección General. En definitiva este sería el departamento de Recursos Humanos a nivel Corporativo de una gran empresa, responsable de fijar las reglas de supervisión y control general para toda, en este caso, la Administración General del Estado.

La novena es la Formación del Personal de las Administraciones Públicas. El responsable de la ejecución de esta función es el Instituto Nacional de las Administraciones Públicas (INAP), que cuenta con un presupuesto de 108 millones de euros (+15,8 %), de los cuales se dedican a formación 49 millones de euros. Es decir, el 45 % del Presupuesto, que además se gestiona desde las Comunidades Autónomas, que son las que reciben los 49 millones.

La décima de las responsabilidades de Hacienda es el Servicio de Transportes de Ministerios. Este servicio lo presta el Parque Móvil del Estado, que maneja un presupuesto para 2022 de 48 millones de euros (+3,9 %). Este organismo tiene patrimonio y tesorería propios, y autonomía de gestión, conforme al Real Decreto 1527/2012, de 8 de noviembre, por el que se modificó su estructura orgánica básica y sus funciones.

Los usuarios de este servicio son todos los empleados públicos de Alta Dirección hasta el rango de Subsecretario, los Directores Generales, tienen que acudir a un «pool» de servicio bajo petición. En la actualidad hay 655 vehículos, de los cuales a finales de 2022 serán eléctricos o híbridos 542 de los mismos. Pensando que en 2018 los coches del Parque tenían de media 12 años, aunque estaban en perfecto estado, podemos pues deducir que desde la llegada del actual Gobierno se ha renovado el 83 % del parque, a pesar de la crisis y la pandemia.

En el siguiente artículo, analizaremos más de las funciones que despliega un Ministerio grande donde los haya y por lo tanto, con grandes posibilidades de quedarse obsoleto en nuevas técnicas y que le es difícil evolucionar y mejorar en sus competencias, siendo, sin duda, uno de los Ministerios de los que ningún país avanzado puede prescindir.