El año empieza con cuatro causas judiciales por corrupción que acorralan al Gobierno de Sánchez

Entre los cuatro imputados más próximos a Pedro Sánchez, que acorralan a un Gobierno salpicado de corrupción, atesoran un total de doce delitos. Las causas pendientes de mayor trascendencia política en el año que empieza, condicionarán la actualidad española a lo largo de los doce meses del 2025 y serán, sin duda, un foco de preocupación para la Moncloa y sus inquilinos, algunos de ellos directamente implicados en una vorágine judicial sin precedentes.

No en vano, el Supremo acumula dos procedimientos de extrema gravedad contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por un delito de revelación de secretos y el exministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos señalado por la presunta comisión de varios delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Tampoco se presenta un escenario más favorable para el hermano del presidente del Gobierno, de nombre artístico David Azagra, a quien la juez titular del Instrucción 3 de Badajoz ha citado a declarar como investigado, junto con el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero.

No en vano, los indicios sobre la mesa de la magistrada instructora apuntan a que Azagra pudo beneficiarse irregularmente de su posición de parentesco con el titular del Ejecutivo, en el proceso de contratación de la Administración Pública autonómica extremeña. Lo que, a efectos prácticos, podría implicar la comisión de hasta tres delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

Cerco a Gómez por el software de UCM

Sin embargo, el caso que más quebraderos de cabeza ha suscitado en el titular de la Presidencia, quien llegó a tomarse cinco días de reflexión previa carta a la ciudadanía, es el que atenaza a su esposa, Begoña Gómez.

Desde que el juez Juan Carlos Peinado asumiese las riendas del procedimiento, Sánchez no ha escatimado en recursos para defender la inocencia y la honorabilidad de su mujer: desde argumentarios coordinados para el Consejo de Ministros en pleno, hasta una doble querella por prevaricación de la que el magistrado salió indemne, pasando por un blindaje sin precedentes en el acceso de Gómez a la sede judicial, en las tres ocasiones en las que ha visitado Plaza de Castilla.

No en vano, desde las pesquisas iniciales que apuntaban a la cónyuge del líder socialista por corrupción en los negocios y tráfico de influencias —por su posible intervención en los contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, gurú de su máster, que recibió 23 millones de euros entre los años 2017 y 2024— se incluían, en una segunda hornada, la apropiación indebida y el intrusismo profesional.

Estos dos últimos como resultado de la presunta utilización de un software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que la propia Begoña Gómez habría licitado entre varias empresas sin constar con la titulación técnica necesaria para ello y que, con posterioridad, pudo patrimonializar «como particular» y para «uso personal» cuando el mismo fue confeccionado, en exclusiva, para el centro académico.

La doble instrucción del 'caso Koldo'

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del conocido como 'caso Koldo' en el Supremo, que cuenta con una derivada en la Audiencia Nacional, instó al Congreso de los Diputados, el pasado 18 de diciembre, el suplicatorio para investigar formalmente al exministro de Transportes, ex secretario general del PSOE y hombre de total confianza de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, por su condición de aforado.

La decisión del juez Puente llegaba tras escuchar en dos jornadas consecutivas tanto al propio Ábalos como al principal comisionista de la trama que le salpica, el empresario Víctor de Aldama, y constatar la existencia de «indicios cualificados» sobre el papel del ex socialista en el conglomerado presuntamente irregular de compraventa de mascarillas, en plena pandemia de la Covid-19.

El testimonio del principal conseguidor, al que la Fiscalía da credibilidad, acusó a Ábalos de facilitar desde su «posición» de ministro, un contacto fiable a las empresas recomendadas por De Aldama, con la participación imprescindible en las operaciones de su asesor de cabecera, Koldo García Izaguirre.

El escándalo 'Koldo', que toma su nombre del anterior, estallaba el 21 de febrero de 2024 con la detención del que fuera consejero de Ábalos en el Ministerio de Transportes durante tres años. La operación, que se llevó a cabo por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, también incluyó el arresto del empresario Víctor de Aldama, que hasta ese momento había estado siempre fuera del foco mediático.

En aquel momento, los investigadores ya acreditaron el desvío de fondos públicos para el cobro de comisiones ilegales en los contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión para la compra de material sanitario durante la pandemia, aunque conforme ha evolucionado el caso se han conocido otras derivadas. Pese a que tanto Ábalos como Koldo parecen haberse concertado en una estrategia común de no agresión al actual Gobierno, el avance de las pesquisas complica cada vez más al Ejecutivo y salpica, hoy por hoy, a un total de siete ministerios.

El primer fiscal general imputado

No menos grave y acuciante para el Ejecutivo de Sánchez es el caso abierto contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un delito de revelación de secretos del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A medida que avanza la causa, el futuro de García Ortiz parece más próximo a situarse en un banquillo de la Sala Segunda del Supremo, una imagen inédita para la Carrera como lo ha sido la investigación formal de su titular que, «en España, está llamado a la defensa de la legalidad y no a su incumplimiento».

Después de que la Guardia Civil constara el borrado total del móvil del fiscal general, con «cero mensajes» de la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp, el magistrado Ángel Hurtado acordaba la práctica de más diligencias, antes de responder a las solicitadas por las acusaciones populares personadas, entre ellas, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que instó el interrogatorio del mismísimo García Ortiz.

Si bien el magistrado ha dejado la puerta abierta a esta petición, antes ha preferido cerrar otras vías de averiguación de lo ocurrido. Entre ellas, identificar la titularidad de todas y cada una de las tarjetas de datos incautadas al titular del Ministerio Público durante la entrada y registro de los agentes a su despacho oficial, en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en la madrileña calle de Fortuny.

Así las cosas, entre los días 8 y 9 de enero testificarán en el Supremo el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, como un total de y ocho periodistas de diferentes medios de comunicación que presuntamente dispusieron de información privada sobre el novio de esta, en las fechas previas a la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid que recogió los mismos y que ha llevado a la coimputación de su titular, Pilar Rodríguez.

Además, el próximo día 16 enero, a partir de las 10.00 horas, comparecerán como testigos ante el magistrado del Alto Tribunal tanto la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien se negó a participar en la maniobra, como el fiscal de delitos Económicos Julián Salto. Salto era, en un principio, era el único que disponía de la información confidencial de la pareja de Díaz Ayuso y al que sacaron de un partido de fútbol, en la noche del pasado 13 de marzo para que remitiese todos los correos intercambiados con la defensa del empresario en el marco de un pacto de conformidad, sin cerrar.

Una batería de documentos que habría a la mano derecha de García Ortiz, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, al que el novio de Ayuso ha pedido imputar, en su último escrito; y que, en última instancia, habrían llegado al mail personal facilitado para este menester por el fiscal general, tal y como publicó, en exclusiva, El Debate.

Por último, el día 21, el juez Hurtado ha citado para tomarles declaración tanto a la directora de comunicación de la Fiscalía General, Mar Hedo, como al jefe de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, Iñigo Corral.