La Justicia tumba los proyectos de rascacielos en primera línea de playa de Torrevieja
El Tribunal Supremo respalda los informes de Costas, que defienden que el proyecto urbanístico «alteraría el paisaje costero»
La ciudad alicantina de Torrevieja disputa un conflicto entre el desarrollo urbanístico y la protección del litoral. En 2019, se anunciaba que la promotora inmobiliaria Baraka Properties había realizado una inversión de 60 millones de euros para levantar dos rascacielos en primera línea del mar de la ciudad, desafiando los límites que marca la ley de Costas.
Con estos antecedentes e informes del Ministerio para la Transición ecológica en contra, se inicia una disputa legal y ambiental que ha desembocado en una serie de sentencias que ponen en entredicho el proyecto y cuestionan la interpretación de la normativa realizada tanto por la promotora como por el Ayuntamiento de Torrevieja, quien defendió la continuidad del proyecto.
Por su parte, los informes desfavorables emitidos por Costas, destacan que las torres proyectadas no solo «limitarían el campo visual y alterarían el paisaje costero», sino que también «violarían disposiciones clave de la legislación de protección litoral». Estas advertencias, respaldadas por fallos del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), han sentado un precedente crucial en la disputa, según avanza el periódico Información.
Las Torres Baraka y los rascacielos de Metrovacesa, han sido el epicentro de esta controversia. Ambos enfrentan la disputa legal debido a su ubicación en suelo urbano pero sin un instrumento urbanístico aprobado antes de la entrada en vigor de la ley de Costas en 1988. Esta laguna legal ha sido crucial en las decisiones judiciales que respaldan la aplicabilidad de los informes desfavorables.
El estudio de detalle para las Torres Baraka, aprobado en un pleno municipal en 2021, ha sido anulado recientemente por el TSJCV, tras admitir un recurso de la Abogacía del Estado. Este proyecto, que planteaba la construcción de torres de 25 alturas en primera línea de la bahía de Torrevieja, ha generado inquietud no solo por su impacto visual sino también por su efecto en el parque de Doña Sinforosa, un espacio público emblemático frente al mar.
Por otro lado, el proyecto de Metrovacesa, que involucra la construcción de tres rascacielos, ha sido respaldado por el Tribunal Supremo en términos de la validez de los informes de Costas. Sin embargo, el futuro de este proyecto también está en entredicho, ya que Costas ha anunciado recursos similares para otros proyectos en la zona.
La disputa legal se centra en la interpretación del artículo 30 de la Ley de Costas de 1988, que prohíbe la formación de «pantallas arquitectónicas» y limita la densidad de edificación en áreas cercanas al mar. Las sentencias judiciales han reiterado la importancia de este artículo y han subrayado que «su aplicación es vinculante incluso en suelos urbanizables».
El Ayuntamiento de Torrevieja, bajo el argumento de la condición de urbanizables de los suelos y la consolidación del entorno, ha defendido los proyectos en cuestión. Sin embargo, las sentencias judiciales han desestimado estas afirmaciones, destacando que la ley de Costas prevalece sobre los intereses urbanísticos locales.