Hechos, no opiniones

Aunque este es un espacio de opinión, ni la mía ni la suya pueden formarse cabalmente sin unos hechos previos sobre los que pronunciarse, sin elementos fácticos que valorar. Como saben los historiadores, es en la selección de los hechos que uno decide recoger donde cabe reprochar al cronista parcialidad por lo omitido. Diré en mi descargo que el lado fáctico de lo que sucede en España desde que el PSOE pactó con Junts excede con mucho el espacio de una columna. Y si estiráramos cada hecho con otros hechos anteriores, algo sin duda conveniente para formarse la imagen más fiel de la situación, entonces este escrito sería infinito. Como ya me he comido la quinta parte del espacio asignado, procedo.

Es un hecho que Sánchez, Marlaska, Montero la socialista, Iceta y un puñado de ministros más, amén de altos cargos como Patxi López, sostuvieron hasta hace unos pocos meses que la amnistía era inconstitucional. Lo sostuvieron con rotundidad, sin dudas.

De «radicalmente constitucional» la califica ahora el portavoz socialista en el Congreso. Eso implica que la amnistía, con todas sus connotaciones (el culpable de los sucesos de 2017 en Cataluña fue el Estado) estaría en la raíz de la Constitución. Es un hecho que los antes citados pensaban hasta hace muy poco lo mismo que hoy siguen pensando PP, Vox, más las masas de manifestantes que se han reunido últimamente en las calles de Madrid y de muchas provincias españolas.

Es un hecho que, por seguir sosteniendo lo que el Gobierno de izquierdas defendía, el PSOE considera que hay que levantar un muro contra la derecha. Ese muro, citado por Sánchez en el debate de investidura, y glosado por López, significa que la prioridad política de la izquierda es impedir la alternancia, evitar a toda costa la posibilidad de que la derecha alcance el poder.

Es un hecho que sin alternancia no existe democracia liberal. Proponer un futuro sin alternancia política significa exactamente defender un modelo antidemocrático.

Es un hecho que desde el CGPJ a los inspectores de Hacienda, desde las asociaciones de jueces y de fiscales hasta los presidentes de las Audiencias Provinciales, desde la Asociación de Abogados del Estado hasta once gobiernos autonómicos, desde los inspectores de la Seguridad Social hasta las asociaciones de guardias civiles, desde tres de los cuatro diarios de papel de ámbito nacional y los principales digitales hasta 600 notarios, y muchas otras entidades han realizado declaraciones formales donde valoran el pacto del PSOE y Junts como una amenaza al Estado de derecho. Su abolición representaría la amnistía, nada menos, para el CGPJ.

Es un hecho que la división de poderes es una exigencia insoslayable de cualquier democracia liberal, y que, sin embargo, en el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts se menciona el «lawfare, o judicialización de la política» y se anuncian comisiones parlamentarias de investigación para depurar las responsabilidades de los jueces. En el mismo documento se pacta un mecanismo internacional de verificación. Los hechos hechos son.