Derribar los pilares de un sistema no sale gratis

Ya somos todos mayores para saber que nada en esta vida es gratis. Ni los billetes de tren que la ministra de Fomento presume en X que regala a los pasajeros (cuando se los pagamos los que no lo usamos); ni la retahíla de bonos y subvenciones con que regaron a ciertos grupos hace unos meses; ni eliminar la división de Poderes de una democracia: amnistiar, es decir, evitar poder juzgar actos presuntamente delictivos, es negar la legitimidad del Poder Judicial en democracia y negar la igualdad de los ciudadanos ante la Ley.

Tampoco lo es distorsionar la familia, pues cabe recordar que España es el segundo país con un menor índice de fertilidad de la UE, con un índice crudo de divorcios y separaciones del 84 por ciento. Ni tampoco derogar la propiedad privada, como poco a poco van haciendo, especialmente en Cataluña, y más aceleradamente desde la reciente Ley 12/2023 de vivienda, la que ya está provocando resultados nefastos: reducción del 30,5 por ciento de la oferta de arrendamiento de vivienda habitual y un 9,2 por ciento de incremento de las rentas de los alquileres.

Porque nada de todo esto es gratis, porque todo ello nos lleva a una sociedad quebrada, tanto económica como moral y socialmente.

Así, la deuda pública española vuelve a superar el 100 por cien de nuestro producto interior bruto (PIB) desde 2020. ¿Y qué? Bueno, pues que a un país así de endeudado (el quinto de la UE, tras Grecia, Italia, Portugal y Francia) pocos le quieren prestar su dinero e invertir y, si lo hacen, será más caro, lo que genera aún más endeudamiento y crisis. Seguimos siendo el país con mayor tasa de desempleo (12 por ciento) y de paro juvenil en Europa (más del 25 por ciento). Que si ha bajado algo ha sido en parte gracias al incremento elefantiásico de los trabajadores del sector público, que este año han alcanzado los 2.7 millones, la tasa más alta de la serie desde 2002: ¿de verdad que alguien se cree aún que una mayor tecnificación de las Administración está reduciendo la burocracia y la deuda que genera la Administración, que debe cubrir con un aumento generalizado de impuestos, incluso los locales? ¿Aún alguien cree que el poder público está al servicio de la ciudadanía cuando esta soporta una presión fiscal del 42 por ciento, ya por encima de la media de la UE y creciendo según el IEE, teniendo esta un salario medio de algo más de 28.000 euros, el más bajo de Europa Occidental tras Portugal, Malta y Grecia? Sin embargo, se crean con dinero público, con nuestro dinero, cada vez más chiringuitos para todo tipo de wokismos, pero apenas se cierran: ¿alguno de los «empleados» en ellos está realmente interesado en que acabe el problema que defiende, o será que la perpetuación del mismo justifica su sueldo? La brecha digital para la gente mayor y otros colectivos es enorme y la cita previa una vergüenza (la lucha contra esta por D. Gómez ha sido premiada recientemente por la Fundación Hay Derecho). Por no hablar de los 2,3 millones de delitos cometidos en 2022, entre los cuales han subido exponencialmente desde 2019 los relacionados con la libertad sexual, las tentativas de homicidio, la lesiones, el tráfico de drogas y los ciberdelitos. Pregúntense: ¿está funcionando el Estado Social o estamos ya en el Estado Servil de Belloc?

No obstante, me da la sensación de que a gran parte de nuestros conciudadanos todo esto le da igual. Que mientras no me toque a mí, mi mayor preocupación es reservar un restaurante trendy para de aquí dos semanas para poder tener sitio, a dónde viajar el próximo fin de semana por 150 euros, arrasar el siguiente outlet y dónde conseguir los fármacos necesarios para cumplir adecuadamente con mi siguiente cita del Tinder (por algo somos el 10º país del mundo en número de usuarios de esta app). Se extiende por nuestro país, cual fentanilo, la underclass diagnosticada hace unos años por el Dr. Dalrymple para el Reino Unido. No es coincidencia que ya en 2020 nos situamos en el tercer país de Europa (tras Portugal y Croacia) con un mayor consumo de ansiolíticos y que desde 2021 se hayan superado los 4.000 suicidios/año y creciendo. Como tampoco lo es que en España se haya triplicado el ateísmo desde el año 2000 (del 4 por ciento al 13 por ciento) y que, dentro de esta, Cataluña sea la más atea (26,4 por ciento). Como afirmó Chesterton, cuando se deja de creer en Dios, no es que luego no se crea en nada, sino que enseguida se cree en cualquier cosa.

Pero quizás los más preocupados socialmente se preguntarán: pero ¿para qué? ¿por qué hacen las cosas tan mal? ¿Qué pretenden? Bueno, hablando con unos y leyendo a otros percibo una mezcla de mala fe, utopía, mediocridad y candidez. Los cuatro se reparten en porcentaje desigual entre los que están en esto, aunque el primero abunda más entre los que conozco y que dirigen esta marcha forzada hacia la nada, que creen que no vivimos en una verdadera democracia y que ellos están llamados a diseñar una mucho mejor y por eso hay que acabar con los pilares del sistema actual. La historia interminable, de nuevo, esta vez sin Bastián.

España se está metiendo ella sola en un lío inmenso, nada recomendable en el turbulento contexto internacional que se va forjando no solo por conflictos bélicos y la creciente crisis financiera, sino también por los enormes cambios socio-económicos que se avecinan con la inteligencia artificial o la neurociencia.

• Sergio Nasarre Aznar es catedrático de Derecho civil y autor de los libros «Los años de la crisis de la vivienda» y «La gran apuesta»