Sin vergüenza jurídica

La política española puede estudiarse desde diferentes perspectivas y disciplinas: la teoría política, la sociología del poder, la crónica de sucesos, la economía, la criminología, la literatura picaresca, la psicopatología, la moral, la caracterología, la historia de la infamia. Pero también resulta fértil el derecho, la perspectiva jurídica. En este ámbito el juicio ha de ser severísimo. El Gobierno ha perdido completamente el sentido clásico del derecho como búsqueda de la justicia. Lo que importa es el interés y la conservación del poder. Por otra parte, el Derecho viene a resultar todo lo que es favorable para la propia ideología, si es que la hay, y para las propias conveniencias, que siempre las hay. El derecho ya no es la ley, la jurisprudencia ni la justicia sino lo que el poder quiere que digan. Es lo que la doctrina ha venido llamando el «uso alternativo del derecho». Ya resulta sintomático que el derecho sea algo que se usa, y que se tira. El derecho es el fruto de un acto de voluntad del poderoso. La tesis del voluntarismo jurídico es antigua, pero ha sido resucitada en pasadas décadas por el jurista preferido por el nazismo, Carl Schmitt y su decisionismo. Los totalitarios tienden a entenderse bien entre ellos.

Pero todo esto no es un mero conjunto de reflexiones más o menos teóricas, sino que se sustentan en hechos. Veamos algunos de ellos. El decreto-ley es algo perfectamente legal y constitucional, pero requiere, ya que con él se limita el control del Parlamento, que existan motivos de urgencia y necesidad. Naturalmente, lo que sea urgente y necesario pasa a ser lo que el presidente del Gobierno considere oportuno. De este modo, sería posible legislar siempre a través del decreto-ley. La división de poderes y el control judicial de las leyes y las decisiones del Gobierno constituyen uno de los fundamentos del Estado de derecho y de la democracia. Pero también es algo que resulta bastante molesto para el Ejecutivo. Un poder que no es discrecional no es verdadero poder para ningún déspota. La solución es que, así como las leyes coinciden con la voluntad del poderoso, su interpretación y el control de su constitucionalidad también lo hagan. Montesquieu afirmó que para preservar la libertad era necesario que el poder frene al poder. El despotismo lo tiene claro: es necesario que el poder ejecutivo frene y controle a todos los demás.

El derecho romano clásico siempre defendió la idea de que existen cosas que tienen que estar sustraídas al comercio de los hombres. Las llamaron («res extra commercium»). La justicia es una de esas cosas que no se pueden comprar ni vender. Ahora el acuerdo y el pacto lo pueden todo, pero a costa de prostituir su verdadero sentido. Por ejemplo, las partes –el Gobierno, los empresarios y los sindicatos– pueden negociar la determinación del salario mínimo interprofesional. Y todas las partes pueden ceder algo. Por cierto, la ministra de Trabajo alardea de su capacidad para el diálogo y de las bondades que de él se derivan para los ciudadanos, pero en realidad se ha limitado a aceptar, sin más, la propuesta de los sindicatos y a dejar fuera a los empresarios. Desde luego, no le faltan dotes persuasivas. Pero lo que realmente vivimos no es el imperio del consenso, sino el de la «zocopolítica» El voto tampoco está ya fuera del comercio. Se compra y se vende. ¿Qué me pides por tu voto? ¿la provincia de Huesca? Creo que puede conseguírtelo. Nada importa que lo que se entregue sea justo o no. Es simplemente el precio de la mercancía. ¿A cómo está hoy el decreto-ley?

El Gobierno carece de vergüenza jurídica. Seguro que también de otras. Pero esta desvergüenza jurídica, si no se le pone pronto remedio, producirá el envilecimiento de los ciudadanos y costará mucho tiempo y trabajo revertir.