La Justicia es la última barrera contra Sánchez

Tampoco ayer fue un buen día para Pedro Sánchez y toda la ralea que acompaña y aplaude su asalto a la Justicia. Doble varapalo en un espacio de poco más de dos horas. Primero vimos cómo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió las querellas de Alberto González Amador, un empresario que en su vida privada es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para investigar lo sucedido en torno a la filtración de los datos privados del primero contenidos en los correos que se cruzó con la Fiscalía en el contexto de la negociación de un pacto de conformidad con Hacienda. Por más que desde la cúpula de la Fiscalía General del Estado, la número dos del escalafón, Ángeles Sánchez Conde, considerara que no había indicios delictivos y que no procedía abrir una investigación por la nota de Prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre la investigación tributaria a González Amador, el Tribunal Superior de Madrid ha atendido la solicitud del agraviado y del Colegio de Abogados, uno de cuyos miembros vio violada la confidencialidad de su comunicación con su cliente. Que la Fiscalía no considerara eso digno de ser investigado es una muestra perfecta del uso torticero que pretende hacer este Gobierno de la Justicia.

Sin solución de continuidad, el Tribunal Supremo estimó parcialmente tres recursos contra el nombramiento de Dolores Delgado como responsable de la Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, un puesto creado exprofeso para ella. El fiscal antidroga Luis Ibáñez concurrió por el puesto que le fue denegado y ahora ha sido uno de los recurrentes junto a la Asociación de Fiscales, mayoritaria, y la Asociación Independiente de Fiscales. Aquí el Fiscal General Álvaro García Ortiz, más conocido por don Alvarone, se negó a permitir que el consejo fiscal votara sobre la posible incompatibilidad de Delgado dada la profesión de su marido, Baltasar Garzón, que tiene un despacho dedicado a la misma especialidad que la Fiscalía que el sanchismo quiere atribuir a Delgado.

Con todo ello vemos cómo el poder Judicial se ha convertido en el último bastión de nuestras libertades y, por ello, en el objetivo máximo de la ofensiva populista para acabar con la Constitución de 1978. Saben que es la más firme barrera que le queda a la democracia y no se pueden doblegar. La prensa libre también es un impedimento para sus objetivos, pero es mucho más fácil asaltar empresas privadas que instituciones del Estado. Es por ello que la guerra abierta contra la Justicia se va a redoblar ahora y ahí y nos jugamos todo. Sánchez ha tenido en las últimas horas la manifestación más firme de que no puede pasarse la acción de la justicia por la entrepierna. Sabe que la única forma de doblegarla es cambiando las reglas de juego y que eso no será consentido dentro de la Unión Europea, como no lo fue en Polonia o en Hungría. Y eso que hay una inmensa diferencia entre la Hungría y la España de la hora presente. Viktor Orbán gobierna con mayoría absoluta desde hace catorce años. Se han llegado a presentar en coalición contra él prácticamente todos los partidos de izquierda y derecha en las últimas elecciones. Nadie discutió la limpieza del proceso. Sánchez tiene los peores resultados de la historia del PSOE. Pero también tiene una oposición a guantazos entre ellos. Tenemos lo que nos merecemos.