¿Y si archivan el caso Begoña?

Publicaba el lunes Ana Martín en este periódico que en la Moncloa hay vértigo a que lo de Begoña Gómez siga hacia adelante. Por decirlo con las palabras justas: hay miedo a que la Audiencia Provincial de Madrid mantenga abierta la causa contra la mujer del presidente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. O por resumirlo mucho más: les da pavor que otros magistrados al margen del juez Peinado vean indicios de delito en la actividad de la «presidenta», como llegó a llamarla Patxi López, que tampoco es el más listo del rebaño.

Hasta la fecha hay varios hechos probados: que a Begoña le dieron una cátedra y un máster sin tener la formación ni la experiencia exigibles. Que se reunió con la cúpula de la Complutense en el complejo de la Moncloa, lo que carga de razones a los que opinamos que lo suyo no puede considerarse una «actividad privada» si las reuniones eran en la sede del Consejo de Ministros. También está probado que recibió allí a empresarios, algunos incluso en presencia de su marido, que para más señas es el presidente del Gobierno. También que firmó cartas de recomendación a empresas que después se vieron beneficiadas por contratos públicos. Súmale a eso que consiguió que Indra, Google y Telefónica le hicieran un software valorado en unos 150.000 euros, lo que le atribuye a Begoña Gómez un poder de convicción admirable, la verdad, a mitad de camino entre la hipnosis y la sumisión química, pues no conozco a nadie que haya conseguido tal cosa. Añádele que luego puso el software a su nombre, lo que ha provocado que la Complutense se pregunte si no estamos ante un delito de apropiación indebida, pues fueron ellos los que pagaron el invento.

Pese a todo lo dicho, puede pasar que Begoña Gómez salga impune de todo esto. Yo lo veo improbable, pero podría darse. Puede pasar incluso este próximo lunes, y que la Audiencia Provincial de Madrid diga que lo suyo no es para tanto. Podría darse en una instancia superior, previo recurso de la polimputada si hubiera una primera sentencia condenatoria. Podría incluso llegar al Constitucional, como ha ocurrido con los ERE de Andalucía o la amnistía, y que pinten de blanco lo que antes era negro.

Por eso, por si archivaran lo de Begoña, el reproche penal extinto no debería soterrar nunca el reproche político. El rechazo moral, vaya. Todo lo enumerado es cierto. Pero sobre todo es incompatible con la ejemplaridad que prometieron aquellos que llegaron al cargo en nombre de la lucha contra la corrupción, el capitalismo de amiguetes y otras formulaciones más o menos originales.