Una caña y otra de gambas

Si la calidad de las democracias se midiera como el riesgo crediticio de los países, la española, mientras gobierna Sánchez, no superaría el nivel de los 'bonos basura'. Una democracia que soporta la continuidad de un fiscal general a un paso de ser procesado y juzgado por delinquir es una anomalía consentida por su Gobierno, contra toda lógica política, y aparentemente admitida por sus ciudadanos, supuestamente ajenos a la gravedad del hecho, dado su conformismo y falta de reacción. La anestesia generalizada de la sociedad española es uno de los logros cosechados por Sánchez quien a fuerza de cruzar líneas rojas y rebasar límites que parecían imposibles, ha conseguido agotar nuestra capacidad de asombro e indignación. Una caña más y otra de gambas.

Ese cansancio y desdén ciudadano es el que permite a Sánchez y sus mariachis ministeriales ponerle paños calientes a la insostenible situación de «su» fiscal general con impostadas declaraciones que además de incidir en un ataque inaceptable a la acción de la justicia son un insulto a la inteligencia colectiva. Cuanto más se afanan Bolaños o Pilar Alegría en maquillar el papelón de don Alvarone y desacreditar la instrucción del Supremo, más comprometida e imposible se hace su permanencia en el cargo. Una estrategia del Gobierno que, por otra parte, alimenta aún más la sospecha sobre una acción coordinada entre Moncloa y Fortuny, sede de la FGE, para utilizar políticamente el caso del novio de Ayuso con el fin de atacarla.

Los testimonios ante el juez instructor de los fiscales a los que García Ortiz intentó implicar y enredar revelan su obsesión por ganar el relato contra la presidenta madrileña y hacerle un favor a su señorito Sánchez. Unos testimonios demoledores que desmontan las coartadas y excusas con las que el fiscal general pretendió justificarse ante las sospechas fundadas de haber obstruido la investigación en marcha y destruido pruebas comprometedoras.

Que la subordinada y fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, le señale ante el Supremo como autor del delito que se investiga, revelar y filtrar un documento privado, y que junto al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, declare que lo del protocolo de seguridad con el que excusó el borrado de sus mensajes y el cambio de teléfono fue una milonga, porque no existe tal protocolo, deja definitivamente a García Ortiz a los pies de los caballos y calentando el banquillo de los acusados.

Si Sánchez no fuera ese personaje sin escrúpulos ni principios políticos con el desparpajo y la cara dura de quien ha hecho de la mentira y la impostura permanentes su norma de conducta habitual, ahora estaría avergonzado y arrepentido de haber exigido disculpas a quienes vienen pidiendo el cese o la dimisión de «su» fiscal general.

Por ello la continuidad de García Ortiz es una más de las muchas anomalías consentidas y asumidas y que jalonan el régimen personalista y autocrático en que ha convertido Sánchez nuestra democracia bajo el arbitrio de un delincuente prófugo como Puigdemont. Tan aberrante y anómalo en democracia es que la Fiscalía del Estado sufra el desprestigio y deterioro institucional que genera la negativa de su máximo responsable a dimitir, a pesar de estar imputado, como que el Gobierno de España dependa de un tipo que fanfarronea desde su refugio en Waterloo, que amaga y amenaza, pero nunca da, y que jamás dejará caer a quien tiene cogido por salva sean sus partes mientras le exprime como un limón a costa de todos los españoles. Pero aquí no pasa nada. Otra caña, que sea doble, y más gambas.