Sánchez necesita mediadores, España no

Tal y como figura en el vergonzante acuerdo de investidura por el que Pedro Sánchez se compró la Presidencia a cambio de indecentes e inconstitucionales concesiones, negociadas en el extranjero con un prófugo de la Justicia, España se va a someter a la humillación de ser tutelada por un incierto número de «mediadores internacionales» en su «diálogo» con Cataluña.

El propio Sánchez ha reconocido ese bochorno en un corrillo con periodistas durante su viaje a Israel, aunque no hacía falta: figura por escrito en el acuerdo firmado con Puigdemont, que impuso esa condición infame para aceptar rubricarlo.

Sánchez acepta así la transformación de una insurgencia doméstica, perfectamente contenida y replicada por el Estado de derecho, en un conflicto «internacional» necesitado de tutela externa y al margen de las instituciones españolas, como si España fuera Colombia con las FARC o el Reino Unido en el Ulster.

Nada puede satisfacer más al derrotado separatismo que resucitar, por las necesidades estrictamente personales de un político codicioso y negligente a partes iguales, convertido en un problema internacional necesitado de observadores foráneos.

Si a la amnistía se le suma la internacionalización del «conflicto» y se le añade la aceptación de negociar un referéndum de independencia, la rendición de Sánchez es absoluta. Y con ello, desgraciadamente, la de la España constitucional, que debe resistir no obstante.

Porque ni la sociedad española ni las instituciones nacionales o europeas pueden tolerar a un presidente que negocia su cargo, tras perder las elecciones, con delincuentes que exigen impunidad para sus delitos y complicidad para lograr sus objetivos.

Y porque es intolerable que todo ello se haga atacando a la separación de poderes, colonizado las instituciones con leales a la causa y, ahora, depositando en misteriosos observadores extranjeros la autoridad que solo tiene el pueblo español para negociar su propia soberanía.

Sánchez traspasó todas las líneas rojas de la democracia cuando aceptó vincular su renovación en el cargo al tamaño de sus regalías. Y ese deterioro es ya irreversible e imperdonable. Solo hay que encontrar la mejor manera de que tenga la respuesta democrática, jurídica e institucional que su vergonzosa sumisión exige. Y mientras, denunciarlo todo sin descanso.