Si Sánchez paga a su mujer con dinero público, debe dimitir

En un país con un Estado de derecho sano, en el que el respeto a las normas, a la ciudadanía y a las instituciones fuera innegociable, Pedro Sánchez tendría que dimitir urgentemente tras una escandalosa revelación de El Debate: su esposa fue beneficiaria directa de una adjudicación pública rubricada por él mismo.

Los hechos documentados son demoledores: el Consejo de Ministros concedió una cuantiosa subvención a una plataforma de la que formaba parte Begoña Gómez, que pudo así financiar un proyecto conectado con toda la bisutería retórica que, inspirada en la deplorable Agenda 2030, impulsa la cátedra extraordinaria lograda también a dedo en la Universidad Complutense.

Resulta evidente la incompatibilidad existente en desarrollar actividades privadas cuya prosperidad depende de las decisiones del presidente del Gobierno. Y a esto hay que añadirle la fundada sospecha del tráfico de influencias, presente en las relaciones comerciales entabladas por Gómez con empresas beneficiarias de rescates públicos o con asociados a su cátedra receptores, posteriormente, de adjudicaciones de distintos ministerios.

A todo esto, que está perfectamente acreditado, se le añade ahora un beneficio directo, mediante una decisión política arbitraria que, si rinde ganancias a la mujer del presidente, lo hace también a él mismo y a su núcleo familiar.

El Debate ha documentado, en una larga serie de investigaciones soportadas en documentos oficiales, la coincidencia entre el progreso profesional de la mujer de Sánchez y la llegada de éste al poder: desde un chiringuito universitario sin aparente control, diseñado para especializarse en la captación de fondos públicos; hasta una miríada de contratos, subvenciones y acuerdos con su entorno, todos sufragados con presupuesto público y decididos por miembros del Gobierno.

La pregunta que ya cabe hacerse no es si todo ello es legítimo, estético y ético, que no lo es. Esa reflexión ya está superada y contestada por las evidencias, simplemente incompatibles con la más elemental decencia política.

La cuestión es si, además de ser todo ello inaceptable, especialmente en el caso de un dirigente que justificó una moción de censura por la imperiosa necesidad de recuperar la dignidad de la democracia, es ilegal y objeto por tanto de una investigación judicial.

Y hay indicios suficientes, como poco, para responder afirmativamente a esa pregunta y poner en marcha los mecanismos oportunos para responderla. Por bastante menos se han abierto diligencias en los tribunales y han actuado la Fiscalía Anticorrupción o el Tribunal Supremo.

Y desde luego se han puesto en marcha Comisiones de Investigación como la creada en el Senado, a la que deben ser citados sin dilación tanto Sánchez como Gómez: nadie entendería ya que el PP siguiera resistiéndose a sentar al matrimonio en ese órgano, como debiera haber hecho desde el primer momento si de verdad quiere llegar al fondo de la verdad.

Una verdad, por cierto, que quedaría aclarada si Sánchez y Gómez practicaran hoy mismo la transparencia que exigen a los demás y profanan con estrépito en su caso. Bastaría con que hicieran pública la declaración de bienes, patrimonio, activos, participaciones empresariales si las hubiere y la lista de pagadores a la esposa del presidente, a título personal, con una sociedad o a su cátedra improvisada.

No hacerlo, llegado a este punto, sería casi una confesión. Si no tienen nada que ocultar, no deberían temer hacer ese voluntario ejercicio de elemental probidad.