La Justicia pone a Sánchez al borde del precipicio

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la continuidad de la instrucción judicial del juez Peinado sobre Begoña Gómez, investigada por tres delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Es, en realidad, una decisión inevitable y rutinaria que, sin embargo, se convierte en una victoria del Estado de derecho por las infames presiones del Gobierno y del propio Pedro Sánchez para archivarlas: en ningún país democrático se condenaría a nadie por los indicios detectados en una instrucción preliminar; pero tampoco se permitiría el archivo por las coacciones de uno de los afectados.

La Sala 23 de lo Penal de la institución se limita, pues, a lo razonable: permitir que un magistrado prosiga con su trabajo, practique las diligencias que considere oportunas y eleve la causa, cuando esté concluida, a otro tribunal si considera que hay razones para celebrar juicio contra la imputada.

Solo la reacción agresiva del Gobierno, y muy particularmente de su presidente, ha convertido una decisión casi de trámite en algo tan relevante: quien utiliza su poder para revocar el normal desempeño de la Justicia convierte las resoluciones adversas en algo de hondas consecuencias políticas.

Porque Sánchez se ha comportado como una especie de culpable que, lejos de admitir la necesidad de aclarar los hechos, intenta taparlos de manera caciquil para evitarse un problema personal ya inevitable: no solo está bajo lupa la actuación de Begoña Gómez, reprobable sin necesidad de juicio, sino también y principalmente la suya propia, por la airada reacción que ha tenido, alejada de los estándares democráticos más elementales.

Gómez fue beneficiaria de una caprichosa cátedra negociada en La Moncloa que utilizó para desarrollar una actividad empresarial en compañía de asociados beneficiados, a continuación, por decisiones de su marido.

Eso es un hecho, no una simple opinión, que a falta de discernir si tiene efectos penales, ya se puede afirmar que los tiene políticos: la falta de ejemplaridad es evidente en la pareja y, por mucho que el Gobierno y sus altavoces se empeñen en considerar el caso un montaje de sus detractores políticos, ni Sánchez ni nadie ha sido capaz de ofrecer una explicación razonable de tan impúdico comportamiento.

Que la Audiencia Provincial aparte del caso el rescate de Globalia, salvo que aparezcan nuevas pruebas, es irrelevante: lo sustantivo es que la esposa del presidente va a ser investigada en un juzgado, con el plácet de cuatro jueces respetables, por presuntos delitos que solo pueden ser cometidos en connivencia con el presidente del Gobierno.

Conviene resaltar en este punto la decencia de la Justicia española, hoy con la Audiencia y este feo episodio de potencial corrupción y la semana pasada con el Tribunal Supremo y la Ley de Amnistía. Y, a la vez, destacar la nefanda actitud de quienes llegaron al poder apelando a la probidad y hoy sustituyen la exigencia de dar explicaciones públicas por un ataque inaceptable a los jueces, los periodistas decentes y el propio Parlamento.

Si ayer Sánchez tenía, como poco, la obligación de comparecer en público para intentar justificarse, hoy la exigencia ya es inaplazable: es la Audiencia Provincial de Madrid quien avala la investigación a su esposa, algo que en cualquier país de Europa pondría en entredicho la continuidad del jefe del Ejecutivo y le pondría, sin duda, al borde de la dimisión. España no debe ser menos.