Vivienda: menos demagogia y más soluciones

Pedro Sánchez lleva seis años gobernando y, en ese tiempo, la vivienda se ha convertido en un infierno para los ciudadanos, tengan o no una en propiedad. No todo es culpa del Gobierno, pero todo es su responsabilidad, y lejos de paliar los efectos externos, los ha agudizado con una política simplemente suicida.

Sus medidas intervencionistas solo han servido para encarecer los alquileres, restringir la oferta disponible, amedrentar a los arrendadores, estimular la ocupación en sus distintas variantes y trasladar a los propietarios una tarea social que es propia de la Administración Pública.

Un país que dedica más energías a desahuciar a los dueños que a desalojar a los «okupas», con más de 15.000 casos denunciados cada año, no está en disposición de enfocar correctamente un problema objetivo que necesita de menos demagogia ideológica y de más regulación sensata.

Criminalizar al propietario, inventarse una culpa general de los llamados «fondos buitre», intervenir el mercado sin criterio, recargar fiscalmente la vivienda y rodearla de costosos peajes medioambientales a menudo fatuos y ayudar a elevar los tipos de interés como efecto secundario de la deuda pública solo sirve para prolongar el problema y retrasar los remedios.

Que no son tan complicados y comienzan por una política ambiciosa de ampliación del suelo disponible para promover vivienda social, continúan con unas medidas fiscales a favor del abaratamiento y culminan con un refuerzo de la seguridad jurídica, imprescindible para aumentar la disponibilidad de inmuebles en alquiler sin miedo a perderlos con inquilinos morosos.

Lejos de esto, el Gobierno parece despeñarse por una deriva populista e inútil, en la que se mezcla el dispendio de recursos públicos con cheques juveniles anunciados año tras año o, peor aún, legitimando movimientos como el encabezado por el autodenominado «Sindicato de inquilinos» que defienden una huelga de arrendatarios consistente en no pagar el alquiler.

Incluso una parte del Ejecutivo, de corte chavista, defiende abiertamente algo parecido ya a la expropiación, rebasando sin pudor los límites de una democracia definida, entre otros pilares, por la defensa innegociable de la propiedad privada: allá donde no se respeta, simplemente no existe el Estado de derecho.

Solo un incremento de la oferta reduce los costes para la demanda. Y eso solo se consigue estimulando la salida al mercado de la vivienda vacía y promoviendo nueva en condiciones tolerables para el bolsillo medio.

Lo primero se consigue defendiendo al propietario, protegiendo sus derechos si se conculcan en una relación contractual o directamente se anulan con una de tantas 'okupaciones', toleradas por un ecosistema político y mediático que considera 'vulnerable' a todo el mundo y denigra a la víctima del asalto.

Y lo segundo se alcanza promoviendo vivienda en el ingente suelo disponible, y no tensionando a comunidades y ayuntamientos con medidas fracasadas allá donde se han aplicado en el pasado en toda Europa.

Mientras Sánchez promete una y otra vez lo mismo, con una mezcla de frivolidad y torpeza habitual en el personaje, en la calle crece la peligrosa idea de que miles de personas no tienen vivienda porque otros miles especulan con ella, paso previo de la aplicación caprichosa de eso que llaman 'justicia social' y no es más que un abuso inaceptable.