A los socialistas no le gustan las oposiciones

Fue el 7 de diciembre del año pasado cuando el Debate, bajo el titulo «El caso Muface, otro paso de un férreo programa socialista», publicó un editorial en el que, analizando las responsabilidades gubernamentales en las dificultades de supervivencia que amenazan a la mutualidad funcionarial, se afirmaba que, con ello, «se trata de facilitar la igualación total de la ciudadanía en un panorama en donde solo queda como alternativa de progreso la fidelidad perruna al que, con vocación eterna, se encuentra al frente del poder». Sánchez, naturalmente.

El editorial, que subrayaba las coincidencias existentes entre el sistema soviético y el que actualmente inspira los comportamientos del socialismo gubernamental español, añadía además que «lo que la URSS de Sánchez pretende es acabar con el sistema de oposiciones que permite el acceso a los servicios administrativos» haciendo referencia entre otros a la «abogacía del Estado, a la Judicatura, la diplomacia o los servicios de la Hacienda Pública» para, con ello, «sustituirlos por un sistema general y sencillo de llegada que haga caso omiso de pruebas, exámenes, trabajos y esfuerzos de manera que se pueda contar con un cuerpo funcionarial del que, con facilidad, se pueda extraer a aquellos que han mostrado voluntad de servidumbre y adhesión a las órdenes del Gobierno de turno». El de Sánchez, por supuesto.

Félix Bolaños, el socialista que sorprendentemente ocupa la cartera ministerial de Justicia, nos acaba de dar la razón. Acaba de anunciar el envío al Parlamento de una propuesta de reforma para la carrera judicial en la que se promociona numéricamente el acceso al llamado «cuarto turno» que permite el acceso a la judicatura sin tener que presentarse a una oposición. La asociación mayoritaria de miembros de la carrera judicial ha mostrado su rechazo a la iniciativa al subrayar con razón que lo que el gobierno sanchista pretende es obtener la desaparición de jueces a los que «no se pueda controlar». No es difícil ir un poco más allá si se llega a la conclusión de que, en realidad, lo de Sánchez tienen cada vez menos que ver con el Estado de derecho, elemento fundamental de todo sistema democrático, y sustituirlo, según sus antojos y necesidades, por normas que consagran la amnistía o incluso otras, abiertamente anticonstitucionales, que pretenden acabar con el principio de irretroactividad. ¿Es acaso ésta la Unión de Repúblicas Socialistas Sanchistas?