Sánchez se rinde otra vez a Puigdemont para posponer su dimisión

Por mucho que el ecosistema político, sindical y mediático que rodea a Sánchez, bien financiado, se empeñe en convertir el penúltimo ejemplo de temeridad, negligencia y falta de escrúpulos del presidente en un acto épico, la realidad no cambia ni un ápice.

Pedro Sánchez volvió ayer a incumplir sus anuncios y repitió su ejercicio de bochornosa sumisión a un prófugo, Carles Puigdemont, anunciando en el último respiro un acuerdo con Junts para aprobar por la mínima un nuevo decreto para impulsar la revalorización de las pensiones, el mantenimiento de las subvenciones al transporte público y las ayudas a los afectados por la dana.

Es decir, para todo aquello para lo que gozaban de antemano con un apoyo unánime del Congreso, pero malversó al incluir en la propuesta una batería de medidas de corte neocomunista, con el amparo a los «okupas» como emblema de ese desvarío que caracteriza al Gobierno, una burda alianza de socios numéricos que, en realidad respaldan propuestas distintas o enfrentadas.

En lo sustantivo, Sánchez tragó con Puigdemont y aceptó todo aquello que rechazaba antes si no iba incluido en un paquete mayor plagado de instrucciones extraídas del perfecto manual del populista: ahondar en la devaluación de la propiedad privada como eje definitorio de la calidad de una democracia, controlar la libertad de información desde un organismo dirigido por una exmiembro de gabinete de la Moncloa o ceder patrimonio del Estado al PNV para calmar el volumen de sus extorsiones.

Si a Sánchez le preocuparan de verdad los jubilados, nunca hubiera vinculado la aprobación de sus beneficios al visto bueno a esa hoja de ruta infame y, sin duda, hubiese aceptado la mano tendida del PP para pactar esos acuerdos elementales a los que nadie, en el Congreso, le ha hurtado su respaldo.

El líder del PSOE ha vuelto a hacer de la insoportable necesidad una mediocre virtud, anteponiendo su necesidad de concederse la victoria del relato a la cobertura de las necesidades de la ciudadanía, utilizada como un burdo rehén de sus urgentes necesidades.

Nada cambia en la percepción de que el Gobierno de España está intervenido por fuerzas políticas enemigas de sus intereses, y todo lo más se ahonda por la certeza de que ese chantaje no cesará y acabará incluyendo más cesiones contra el sentido común, la Constitución y la decencia.

De momento, el líder socialista deberá someterse a una moción de confianza impuesta por Puigdemont. Y de salida, tendrá que plegarse antes o después a cada una de las letras del denominado «impuesto revolucionario», consistente en ordeñar los intereses de España a cambio de una rentabilidad efímera y egoísta.

La propaganda gubernamental intentará presentar el infame apaño de Sánchez como otra excelsa pirueta política, pero es otra demostración de debilidad: cercado por los casos de corrupción y limitado por las barreras democráticas del Estado de derecho, Sánchez se ha limitado a hacer lo necesario para subsistir, con una atmósfera de fin de ciclo cada día más evidente.