¿15 años sin ETA?

El próximo 30 de julio se cumplen quince años del último atentado de ETA en suelo español. Aquel día del año 2009, fueron asesinados en Palmanova los guardias civiles Carlos Saénz de Tejada y Diego Salvá. Ocho meses después, el 16 de marzo de 2010, la banda finalizó su trayectoria criminal con el asesinato en Villiers en Biere del policía francés Jean Serge Nérin.

Los años transcurridos desde aquel mes de julio –a los que hay que añadir la trayectoria anterior de Rodríguez Zapatero a la Moncloa– han servido para convertir a una banda terrorista en un partido político convencional con el que pactar la gobernación de España. Con la anuencia de Zapatero, el autor de la falsaria deconstrucción de la banda fue Pérez Rubalcaba y se resume en su famosa frase «o bombas o votos» dirigida a Batasuna tras la última tregua de ETA. Un mensaje falaz acreditado por la permanente presencia en las instituciones del brazo político de la banda pese a su ilegalización en 2003.

Y de aquellos polvos estos lodos. Para responder a la pregunta que da título a este artículo hay que analizar qué es ETA. Y ni todo era ETA, ni ETA eran solo sus comandos. La banda terrorista era un conglomerado de partidos, sindicatos, asociaciones y medios de comunicación, subordinados a la estrategia de su vanguardia asesina. Una actividad criminal al servicio de la imposición de un proyecto totalitario sostenido por la tela de araña que creaba las condiciones para digerir la barbarie entre sus partidarios. Estrategia de digestión que hoy continúa, con el agravante de haber sido asumida por un Gobierno y un Estado de derecho que debieron y debieran combatirla sin descanso.

Por tanto, a la pregunta contesto que sí, que ETA sigue viva, travestida, pero viva. Engañarán a las nuevas generaciones, a las que mucho se instruye sobre la luminosa Segunda República o la dictadura, pero apenas nada se cuenta de los cincuenta años de terror de la banda. Podrán incluso los que sí conocieron el verdadero rostro de ETA, enterrar sus escrúpulos por sentarse en un Consejo de ministros, pero hay otros españoles que por desgracia no pueden vivir ignorantes de nuestra historia. Son las víctimas y especialmente los familiares de los más de trescientos cincuenta asesinados por la banda que no han recibido el apoyo del Estado de derecho para, al menos, obtener el reproche penal que los asesinos merecen.

La decencia que han perdido el Gobierno de España y los partidos que lo sustentan, la mantienen las asociaciones de víctimas del terrorismo que siguen peleando para obtener Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia. Hemos conocido hace unos días que, gracias al apoyo de la Fundación Villacisneros, los familiares de Manuel Zamarreño y Patxi Arratibel han visto cómo se hacía justicia con los autores de estos crímenes. Una pena que estos comportamientos admirables, por excepcionales, no atenúen la reflexión final. Si vergonzosa fue la compatibilidad de las bombas y los votos, mayor vergüenza es comprobar que las bombas hayan tenido el premio de hoy.

• Carlos de Urquijo es exdelegado del Gobierno en el País Vasco