Los hijos son del Estado. Por ley

Nunca se me había planteado ninguna duda sobre de quién son los hijos hasta aquella afirmación rotunda de la exministra de Educación. Y tengo que decir que tampoco entonces aquello me generó ninguna duda, sino más bien una justa indignación además de constatar la cortedad de miras de un Gobierno que entendía aquella afirmación como la de que los hijos son propiedad de alguien. También la prevención de qué podría traer en un futuro, si verdaderamente el Gobierno, en voz de una de sus ministras, se refería a los hijos como un objeto de la propiedad. Porque la propiedad (y la de los hijos no es admisible) podía cambiar.

Pues mira tú que, a no tardar mucho, este Gobierno cumple las expectativas. Las peores. Porque en una nueva norma, este Gobierno, que legisla hasta la cocina –o hasta la cama– de nuevo da muestras de cómo se quita la libertad. Y la libertad más fundamental, expresada en distintas actuaciones, como es la que tienen los padres de buscar la mejor educación para los hijos.

El martes 29 de noviembre se iba a llevar al Consejo de Ministros la nueva ley de diversidad familiar o ley de familias, con s. Al final no ha sido así, pero ya se han filtrado diversas afirmaciones de esta ley.

Más allá de lo que ese ministerio de Derechos Sociales (que no asuntos) y Agenda 2030 quiere establecer como familia con carácter sesgado, discriminatorio, arbitrario…, más allá de eso, que dará para muchos artículos, es especialmente preocupante y al mismo tiempo significativo lo que se refiere específicamente al ámbito educativo.

Según la afirmación de que la diversidad familiar establecida por el Gobierno debe tomarse como principio del sistema educativo, toda esta nomenclatura, inventada para justificar su actuación, debe ser explicitada en los libros de texto de los distintos niveles educativos. Y por supuesto desde la tan manida perspectiva de género, que ya desbarra en la inclusión de tipos cada vez más inverosímiles.

Pero en esta ocasión va más allá, porque también explicita que los padres no podrán negarse a que sus hijos reciban esta formación, que además de estar incluida en esos futuros libros de texto, se desarrollará de manera transversal en todos los cursos y estará también incluida en las actividades complementarias socioeducativas y de ocio. Y los niños y los jóvenes tendrán que recibir tales contenidos sí o sí.

Y ahí está. Porque otra vez es el Estado el que se adueña de la conciencia de nuestros hijos. El que, sin importarle qué es lo que piensen o crean sus padres, decide lo que es bueno para ellos. El que determina que los principios de su educación tienen que estar basados en circunstancias ideológicas o políticas, en enunciados y dogmas de la agenda 2030 o en afirmaciones tan sesgadas que niegan el conocimiento más elemental.

Pero debe ser que no importa la verdad, porque hay que imponer esta nueva y verdadera corrección política. Y que no importa la realidad de la institución familiar, porque ha quedado obsoleta y debe ser destruida. O que si los padres quieren hacer valer su autoridad, que en sí misma se preocupa y cuida de los hijos, es heteropatriarcado opresor, pero si es el Gobierno el que adoctrina, impone, obliga y censura, entonces es libertad y desarrollo.

Esta es la nueva realidad. En la que se impone que los hijos son propiedad del Estado. Y es el Estado el que decide y decidirá sobre ellos, eliminando todos nuestros derechos, deberes y obligaciones. Nuestra libertad. Por ley. No puedo imaginar un futuro (demasiado presente ya) más aterrador, más distópico, más destructor del hombre. Y no lo acepto.

• Carmen Fernández de la Cigoña es directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia