El Debate, con la libertad de información
El Debate siempre estará con el artículo 20 de la Constitución y frente a quienes pretendan devaluarlo en perjuicio de una sociedad que solo es democrática cuando es innegociablemente plural
Los dos partidos del Gobierno, PSOE y Podemos; sus aliados externos de ERC, PNV, Más País, BNG y Bildu y una pléyade de partidos menores como las CUP, Junts, el PdeCat o Nueva Canarias; han impulsado un inaudito comunicado pidiéndole al Congreso que vete y expulse a determinados medios de comunicación de las Cámaras por considerarles radicales.
No juzgan ni la actitud de sus informadores ni la naturaleza de sus preguntas, en ambos casos razonables y avaladas por la acreditación previa del propio Parlamento indispensable para entrar en él: se limitan a estigmatizarles y a tratar de imponer una censura preventiva desde las propias instituciones.
Que esos medios gusten poco, mucho o nada, es irrelevante. Lo que se persigue les supera a ellos y al resto de agentes del sector, y por ello hay que replicarlo sin ambages: la intención es eliminar una parte sustancial de los contrapesos al poder político y, con ello, devaluar la democracia para adaptarla a los intereses de una parte del arco parlamentario.
Que el PSOE suscriba semejante ataque público a uno de los pilares del Estado de derecho, que los medios ejercemos en nombre de los ciudadanos y no en sustitución de ellos, confirma la deriva radical de un partido que no hace tanto subordinaba sus necesidades a los valores colectivos de un país plural, multicolor y con cabida para todas las opciones.
Aceptar el veto institucional a esos medios, sean muchos o pocos, significaría asumir un inquietante precedente que luego, sin duda, podría ampliarse al resto en función de la incomodidad que le genere al poder vigente.
Algo que, lejos de ser una quimera, está bien presente en el ideario del Gobierno de coalición, cuyo presidente anunció ya desde el discurso de investidura la creación de una «Estrategia Nacional contra la desinformación» que derivó en la intentona de crear un «Ministerio de la Verdad» que le diera al Ejecutivo la capacidad legal de decidir quién, cómo y de qué puede informar.
Y no hace falta recordar la opinión que le merecen al otro socio del Ejecutivo, Podemos, los medios e informadores críticos: a sus reiteradas campañas nominales le añade el deseo confesado de nacionalizarlos a todos y convertir la libertad de información en patrimonio gubernativo.
En cuestiones constitucionales básicas, no debe haber colores ni líneas editoriales ni gustos personales: o se defienden siempre, o se avalan las ofensivas políticas liberticidas.
Y El Debate no tiene dudas al respecto: siempre estará con el artículo 20 de la Constitución y frente a quienes, con coartadas sectarias, pretendan devaluarlo en perjuicio de una sociedad que solo es democrática cuando es innegociablemente plural.
