Sánchez desafía a la democracia

Ninguna de las instancias oficiales independientes que ha opinado, con distinta intensidad y jerarquía, sobre la impúdica ley de amnistía que ultima Pedro Sánchez, ha respaldado una iniciativa espuria que atiende en exclusiva a un chantaje aceptado para ofrecer impunidad a cambio del poder.

El obsceno cambalache, que es un caso de corrupción moral y política sin precedentes e incluye la compra de votos a cambio de favores, no ha tenido el más mínimo respaldo de los Letrados del Senado y de la Comisión de Justicia del Congreso, coincidentes en la inconstitucionalidad de una norma que el propio PSOE repudiaba hasta que necesitó impulsarla para conseguir su triste supervivencia.

Tampoco tiene un respaldo explícito de la Comisión Europea y de la de Venecia, muy claras al respecto de las líneas rojas que una ley así no puede cruzar y, por tanto, contraria a la que está en fase de aprobación, que las cruza todas. Aunque Bruselas siempre habla con cuidado, con un exceso de eufemismos a menudo agotador, es obvio que no le gusta un apaño que divide a la sociedad española, señala a los jueces, recurre a urgencias intolerables, se salta los controles de calidad democrática y no atiende ni al espíritu ni a la letra de la Constitución.

El Poder Judicial y el Tribunal Supremo, con distintos mensajes oficiales o indirectos, también han mostrado su oposición a una componenda que, además, no tiene por repuesta de los beneficiarios lo único que, a duras penas, podría legitimarla: la renuncia a los objetivos, el propósito de enmienda, la aceptación de las normas vigentes y una disculpa pública.

Sánchez está a punto de perpetrar, pues, una ley que asalta la Constitución, quiebra la convivencia, ignora a los poderes del Estado y fractura la convivencia, tal y como alertan todas las instituciones salvo aquellas que, como la Fiscalía General del Estado o tal vez el Tribunal Constitucional, se han convertido en meras extensiones partidistas de los intereses de Sánchez.

Y todo ello lo hace asumiendo una extorsión pública y abonando un soborno, a costa de la integridad territorial, la igualdad legal y la prosperidad de un país al que se debe pero, en la práctica, humilla y daña de manera extrema.

La respuesta del Estado de derecho que no está sometido a los caprichos y urgencias de un irresponsable sin precedentes, sumergido además en un caso de corrupción mayúsculo, ofrece algo de esperanza a la democracia española, desafiada por quien más debería protegerla y más la ha puesto, desgraciadamente, en subasta.