El aborto no es un derecho

La decisión del Gobierno y del Parlamento de Francia de incluir el derecho al aborto en la Constitución es un grave error jurídico. Resulta estremecedor que la reforma haya obtenido más de los tres quintos de los votos. El artículo 34 de la Carta Magna viene a establecer que «la ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo». Es la primera legislación en el mundo que incluye en su Constitución el derecho al aborto. Sin duda un hecho histórico. Abyecto, pero histórico. Al parecer, el terror revolucionario continúa.

El aborto no es un derecho, aunque lo proclame la ley o la Constitución de un país. Un derecho injusto no es un derecho. El aborto libre entraña la eliminación del derecho fundamental a la vida y la supresión de la consideración del embrión como un bien jurídico digno de ser protegido por el Estado. En el caso francés no solo se consagra como derecho, sino que además se incluye en la Constitución. Esto, además de ser un disparate jurídico, obligará a que todo eventual cambio legislativo deba ir precedido de una reforma constitucional.

Entre su consideración como un delito y su aceptación como derecho, y no cabe mayor discrepancia, es posible el mal menor de una tercera vía que, considerándolo en principio como una conducta ilegítima lo despenaliza en algunos supuestos o, incluso, en todos. No hay que confundir tener un derecho a algo y que esté jurídicamente permitido o esté despenalizado. El filósofo Julián Marías consideró que los dos más graves errores morales del siglo XX habían sido la aceptación social del aborto y la generalización del consumo de drogas. Es cierto que el derecho no existe para imponer la moral, toda la moral, sino para garantizar la justicia y el bien común. Pero la consideración del aborto como un derecho constituye una grave injusticia y, por lo tanto, nunca puede ser conforme a derecho. Eliminar una vida humana nunca puede serlo. También es cierto que el derecho debe guiarse por la moral social, si bien en este caso ésta anda más que extraviada. Existe una profunda división en la opinión pública europea entre quienes consideran que el aborto es un derecho absoluto de la mujer y quienes piensan que es un crimen abominable. Es probable que la primera actitud sea mayoritaria, pero la mayoría no decide sobre la verdad ni sobre el bien moral. Sí puede influir en el derecho. Pero, aunque todos los hombres pensaran que es un derecho y que el sol gira alrededor de la Tierra, no sería menos cierto que es una conducta inmoral y antijurídica, y que es la Tierra la que se mueve alrededor del sol. En estas condiciones la solución más prudente sería no configurarlo como un derecho, porque no lo es, y establecer la despenalización en algunos supuestos, que era la solución del derecho español aprobada en tiempos de gobierno socialista. Solución intermedia que no satisfará a casi nadie, pero que es jurídicamente aceptable dada la opinión dominante. Mientras tanto, es necesario apelar a la conciencia moral de la sociedad y luchar para que la justificación del aborto retroceda lo más posible hasta extinguirse. Antes que las leyes es preciso cambiar las ideas.

Macron había fracasado en su intento en Europa. Ahora lo logra en Francia. Triste grandeur. La vida humana carece de dignidad y valor. Es mera cosa disponible para la madre gestante, como si se tratara de un tumor molesto. La Europa de Schuman, De Gasperi y Adenauer camina decididamente a la bancarrota jurídica y moral. No merece respeto quien no se respeta a sí mismo. El aborto se convierte en lo que no es ni puede ser: un derecho garantizado por la Constitución. Una prueba más del desorden y la decadencia moral que se va apoderando de Europa. Cuando los gobernantes dejan de distinguir entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto, las sociedades decaen hasta extinguirse. La historia nos ha legado muchos testimonios. El Estado francés ha cometido un grave error jurídico.