Extravagante
Los servidores públicos –y los cargos políticos es lo que deberían ser– tienen el deber de conocer los asuntos sobre los cuales hayan de pronunciarse y deban decidir, por eso, tienen también el derecho a conocer los problemas reales (con su documentación precisa) para adoptar sus decisiones políticas
Una de esas ministras que parecen más bien figurantes, en la constante performance del presidente actual, calificó recientemente de extravagancia que Núñez Feijoo haya manifestado la necesidad de hablar con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, para conocer las necesidades reales del Reino de España, ante la ausencia absoluta de información institucional por parte del susodicho, particularmente en el Congreso de los Diputados, donde debería formarse la voluntad política de la nación española para afrontar los retos actuales de rearme europeo, en atención a la defensa nacional, especialmente, en este nuevo e incierto contexto internacional, tras las últimas elecciones en Estados Unidos («si quieres la paz, prepárate para la guerra»).
Es ahí, en las Cortes Generales, donde debería abordarse la posición de España, con el respaldo consciente y trasparente de los representantes políticos, en su caso, por tratarse de un asunto especialmente vinculado a nuestra unidad política nacional, por ser un asunto de Estado. Y es ahí, donde también deberían abordarse las cuentas públicas, los ingresos y los gastos que concretan un programa de gobierno, de acuerdo con las previsiones presupuestarias de la Constitución y las leyes. De manera que lo verdaderamente extravagante es que el presidente del Gobierno no cuente con las Cortes Generales para adoptar o dejar de adoptar compromisos internacionales que vinculan a España. Del mismo modo que es una verdadera extravagancia que se incumpla el deber constitucional de presentar las cuentas públicas dentro del plazo previsto, con luz y taquígrafos, sin más tiempo ni tampoco espacio para enjuagues extraparlamentarios y vergonzantes, obscenos, de mera permanencia «imperante», antisistema, contumaz y hasta delictiva, de la que se presume cínicamente, a pesar de su escasa utilidad, bochorno y oprobio. La llamada «situación parlamentaria» no es una excusa, sino la evidencia palmaria de una investidura en fraude de ley, es decir, es la prueba de la ilegitimidad de este gobierno.
Los servidores públicos –y los cargos políticos es lo que deberían ser– tienen el deber de conocer los asuntos sobre los cuales hayan de pronunciarse y deban decidir, por eso, tienen también el derecho a conocer los problemas reales (con su documentación precisa) para adoptar sus decisiones políticas, contando con los necesarios datos concretos, en el ejercicio de su función al servicio del interés general. Por tanto, lo que es realmente extravagante es el ejercicio de cinismo que practican los perceptores de sueldos gubernamentales, al rasgarse las vestiduras (e intentar descalificar sin fundamento alguno), porque un político serio exija conocer los datos necesarios, para calibrar su postura responsablemente. No cabe olvidar que el cinismo supone hacer apología del mal y presumir ostentosamente de la propia desfachatez, cuando, sin embargo, la postura exigible a un político es la de su ejemplaridad… Extravagante es formar parte de un gobierno infame, de subalternos, sin la preparación adecuada para administrar las cosas de todos, que encima se dedica a romper la patria para venderla a jirones, trampeando, a cambio de permanecer en el poder, y sin que nada de esto proporcione la más mínima vergüenza en los que ocupan tales poltronas cortoplacistas («dame pan y llámame can»).
Extravagante es que un partido político que no ganó las elecciones esté okupando la Moncloa, gracias al apoyo de una panda de desalmados (algunos con delitos de sangre en su haber), separatistas y comunistas, que representan poco más de un 10% de todo el electorado español y, con esa nimiedad, tienen a España entera en jaque. Y extravagante es que, en un Estado de Derecho, pueda haber un «fraudillo» cualquiera, corrompido hasta arriba, que se permita decir que no necesita al Legislativo y su vocera de turno reitere, cínicamente, que no van a hacer perder el tiempo a las Cortes de discutir los presupuestos generales del Estado, hasta que no hayan consumado su mercadeo de supervivencia (con enésimas concesiones a los enemigos de la nación española), fuera de plazo y de nuestras propias fronteras, culminando con descaro un proceso pactado de golpe contra la Constitución vigente, en marcha. Extravagante es, en fin, caminar hacia el abismo de la pérdida más absoluta de libertad, como en Venezuela… Y lo es todavía más, que no haya un clamor constante por unas nuevas elecciones generales, con las previas cautelas precisas... Porque, «señores, esto no es la democracia». Todo lo que pasa hoy desvela y ratifica una investidura fraudulenta y fallida, además de delictiva, aunque algunos hayan malgastado la oportunidad de demostrar el delito inicial de cohecho, precipitadamente (y vayan por ahí de estupendos, contribuyendo a la confusión…). Sin embargo, el delito continúa… Y sigue siendo necesario romper esta trampa saducea, sobre todo, por el bien común de España y los españoles.