Un Gobierno amoral

Una de las consecuencias más interesantes de los tiempos convulsos que vivimos es cómo vamos descubriendo las verdaderas responsabilidades –o irresponsabilidades– de los miembros del Gobierno de la nación. El más concurrido de la historia de España: 23 integrantes. Déjenme ponerles dos ejemplos. Aunque usted no lo sepa, España tiene una ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana –vaya usted a saber qué es eso– que parece ser que se llama Raquel Sánchez Jiménez. A la ministra le ha preocupado tanto la huelga que se ha reunido con los transportistas que no estaban en huelga. Lo que es, como dice mi admirado Luis del Val, como si un médico ausculta a los que no están enfermos e ignora a los que están terminales. Y su reunión ha tenido tal éxito que ha logrado que Fenadismer, la agrupación más grande de transportistas, se haya unido a la huelga que habían iniciado otros. No paramos de mejorar.

Y hay otro miembro del Gobierno que me tiene maravillado por su capacidad para cobrar todos los meses mientras se escaquea de todas sus responsabilidades. Se llama Alberto Carlos Garzón Espinosa, tiene 36 años, está afiliado al Partido Comunista de España, es coordinador de Izquierda Unida y tuvo la brillante idea de que la coalición de Izquierda Unida con Podemos se llamara Unidas Podemos en lugar de Unidos Podemos. Y es el ministro de Consumo. Su cartera no es como la de Raquel Sánchez, que tiene tres nombres –quizá imaginarios algunos de ellos–. La de Garzón solo tiene uno y es Consumo. A diferencia de «Agenda Urbana» que confieso no tener ni remota idea de qué es, el «Consumo» creo que lo tengo bastante claro. Es el responsable de que, si voy al supermercado, encuentre el tomate o la leche que necesito. O si voy al estanco, encuentre los puros que fumo (Sí. Yo fumo puros y en España todavía es legal hacerlo en mi casa. Pero acabaremos como en Dinamarca prohibiéndolo a los nacidos a partir de cierta fecha). El Ministerio de Consumo se debe ocupar también de que los productos que compramos cumplan unos requisitos sanitarios y de conservación. Es decir, todas las competencias del Ministerio de Consumo de don (con perdón) Alberto Carlos Garzón Espinosa se ven afectadas por la huelga de transportistas que lleva en vigor diez días. Y Garzón está desaparecido. Sospecho que Sánchez debe preferir que no se le vea, no vaya a liarla más, y él está encantado tumbado a la bartola.

Algo me hace intuir que en tan incómoda situación puede haber sido él el que desde su militancia comunista ha tenido la brillante idea de decir que los camioneros son de ultraderecha. Claro. Como se decía no hace tanto que lo eran los taxistas, humildes trabajadores autónomos –en su mayoría– que se pasan diez o doce o catorce horas al volante para poder llevar a casa un jornal que alimente a la familia. Bien harían Garzón y sus acólitos en preguntarse por qué esos humildes trabajadores han acabado en posiciones que ellos –los del Gobierno, no los trabajadores– definen como de extremistas.

España padece un Gobierno totalmente incompetente para gestionar los problemas que normalmente tiene un ciudadano. Es un Gobierno que sólo se ocupa de hacer avanzar una agenda sectaria que en su mayor parte encaja en la llamada Agenda 2030. Y, al frente, un presidente que está dispuesto a hacer lo que sea por no perder el poder. Muchos echaron en cara a Mariano Rajoy que no intentara impedir la moción de censura dimitiendo o buscando alguna alternativa. No lo hizo porque no se podía impedir de ninguna manera salvo que se saltase la ley. Ahora tenemos un Gobierno amoral que está dispuesto a hacer lo que sea por salvar el sillón. Y recordemos que es mucho peor tener enfrente a alguien amoral que a un inmoral. Al segundo puedes intentar reformarlo, corregirlo, convencerlo de su error. Con el amoral la reforma es imposible. Es un caso perdido.