Sobre el caso Luis Rubiales

En la Nochebuena de 2019, una niña tutelada de 13 años, de origen chino, se fuga de un centro del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y es violada por seis adolescentes en un barrio degradado de Palma. No es la primera vez. Previamente ya había sufrido otras dos violaciones que acabaron en el hospital. Pero en esta ocasión la chica presenta denuncia en comisaría. Es la chispa por la que saldrá a la luz el escándalo de las menores tuteladas por el Gobierno autonómico balear.

El 12 de enero de 2020, Diario de Mallorca informa sobre que un grupo de menores acogidas en centros del IMAS llevan años siendo prostituidas. Era un secreto a voces, según reconocen algunos trabajadores sociales, pero las autoridades políticas responsables se inhibieron. Las chicas, de entre 13 y 17 años, se prostituían a cambio de dinero, drogas o regalos, cuando en teoría la Administración autonómica se encargaba de velar por ellas.

El Gobierno regional reconoce que sabía de 16 casos. Según van pasando los meses, empleados del IMAS revelan que alertaron a sus superiores, e incluso les enviaron informes, pero no hubo reacción política alguna ante un hecho tan alarmante como la existencia de una red de abusos sexuales sistemáticos a niñas que en teoría estaban protegidas por la Administración. La actitud del Gobierno autonómico fue en todo momento de intentar poner sordina al problema. El PSOE local y sus socios bloquearon varias veces comisiones de investigación al respecto. Las «ministras y ministros» súperfeministas de Podemos y el PSOE jamás se interesaron por este escándalo, que incluso parecía molestarles cuando se les mentaba por la sencilla razón de que era un caso de mandatarios de izquierdas.

El escándalo acabó más tarde con condenas de cárcel en el Tribunal Supremo. Los coletazos llegaron también a Europa. En abril del año pasado, una comisión de la Eurocámara acudió a Palma a investigar lo sucedido. Su informe fue demoledor en lo referente al papel del Gobierno balear, al que acusaron de fallos de control que perpetuaron la explotación sexual, de hacer la vista gorda y de falta de seguridad en los centros.

¿Quién presidía el Gobierno de Baleares durante estos hechos tan graves y vejatorios para las mujeres, para más señas menores de edad? La farmacéutica Francina Armengol, hoy de 52 años, vinculada en su etapa de estudiante a un sindicato independentista catalán, filonacionalista y militante del PSOE. Armengol es también noticia estos días porque El Debate ha venido contando que una pequeña constructora sin empleados en nómina, propiedad de su pareja, el empresario Joan Nadal, pasó de ingresar cero euros entre 2012 y 2014 a despuntar ingresando 4,3 millones en 2015, justamente cuando ella llega a la presidencia regional. Además, el empresario recibió 1,4 millones de subvenciones ministeriales para una empresa de jardinería que posee.

Pese a su lacerante comportamiento en el horrible caso de las menores tuteladas de Baleares, Francina Armengol conservó impoluto su perfecto cartel de «progresista» y «feminista». A pesar de que los votantes baleares le han retirado su confianza en las urnas y ha perdido el poder, sigue siendo una de las estrellas del sanchismo y ha sido promocionada por el líder de su partido a presidenta del Congreso. Es decir, esta dirigente política que pasaba de todo cuando las niñas a su cargo eran explotadas sexualmente es ahora la tercera autoridad del Estado. Nadie dice nada, por supuesto, y aparentemente a todo el mundo le parece chachi y guay.

Aquí concluyo mi comentario sobre el caso Luis Rubiales, sin duda un hortera de bolera, pero...